Torres, le envió su renuncia al presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, argumentando que su decisión era “indeclinable”. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura llevaba adelante un pedido de juicio político, porque supuestamente Torres había permitido que prescribieran más de 400 expedientes. El magistrado estaba tramitando su jubilación y estableció como último día de trabajo el 15 de septiembre.
En esta causa fueron citados por la Comisión de Acusación varios testigos, entre ellos comparecieron una de las secretarias de Torres y el fiscal Fabián Céliz, quienes en su momento coincidieron en que el magistrado demoraba en intervenir en las causas y también en ordenar los allanamientos. Cuando Torres fue citado, no asistió y en su lugar presentó un escrito argumentando que “los juzgados correccionales estaban saturados de causas y no pudo evitar que los expedientes prescribieran”.
El consejero Fermín Garrote presentó un dictamen para iniciar el juicio político. Cabe aclarar que de todas formas seguirá vigente su proceso de destitución hasta tanto sea aceptada su renuncia.
Torres había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por integrantes de la Cámara del Crimen, quien aseguraron que “Torres no tomaba ninguna medida, dejaba que vencieran los plazos y así poder evitar investigar”.