El Consejo de la Magistratura, tramitaba una causa contra el juez Torres, denunciado ante la Comisión de Acusación, por haber permitido que prescribieran más de 400 causas.
Una vez que el Ejecutivo le acepte la renuncia a Torres, y se remita a la Corte Suprema, el Consejo solicitará que el magistrado siga siendo investigado por la justicia federal por la posible comisión de delito de prevaricato.
El magistrado estaba tramitando su jubilación y estableció como último día de trabajo el 15 de septiembre.
En esta causa fueron citados por la Comisión de Acusación varios testigos, entre ellos, una de las secretarias de Torres y el fiscal Fabián Céliz, quienes en su momento coincidieron en que el magistrado demoraba en intervenir en las causas y también en ordenar los allanamientos. Cuando Torres fue citado, no asistió y en su lugar presentó un escrito argumentando que “los juzgados correccionales estaban saturados de causas” y por eso no pudo evitar que los expedientes prescribieran.