Liporaci, en declaraciones formuladas hoy tras reintegrarse a sus tareas luego de un día de licencia solicitado el viernes, aseguró que estaba "más fortalecido que nunca", al negar la posibilidad de apartarse de la causa por la cual se investigan los presuntos sobornos en la cámara alta a cambio de la aprobación de la Reforma Laboral.
El magistrado, quien había pedido el desafuero de once legisladores del justicialismo y la Alianza, antes de aprobarse la ley que delimita los fueros de legisladores, funcionarios y jueces, estimó que la imposibilidad de que, en ese marco, pueda realizar allanamientos u ordenar detenciones podría limitar su actuación.
Asimismo, planteó sus dudas respecto de la aplicación retroactiva de la norma, ya que si bien reconoció que en la legislación penal se debe aplicar la ley más benigna advirtió que no sabía si ésta resultaba la más beneficiosa para los imputados.
En tal sentido, expresó sus sospechas que con la aplicación de la ley, su juzgado se convierta en "un desfile incesante" de funcionarios y legisladores.
Asimismo, fortaleció sus sospechas al recordar, a modo de ejemplo, que la semana pasada se inició una causa en la cual aparece como imputado el jefe del gabinete de Ministros, Rodolfo Terragno, quien podría ser citado, en caso que sea necesario, a prestar declaración indagatoria.
"Antes que sea promulgada (la Ley) éste juzgado no va a tomar ninguna determinación respecto a los once sospechosos".
Respecto de la constitucionalidad de la Ley de fueros, el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra admitió, en declaraciones periodísticas, que la cuestión se estaba analizando y no descartó la posibilidad de consultarlo con el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo, Carlos "Chacho" Alvarez.