Así lo hizo saber la entidad que preside el camarista Raúl Madueño, mediante un comunicado en el que manifiesta su oposición a ese aspecto de la llamada Ley de Fueros. Este pronunciamiento podría representar un serio obstáculo a las aspiraciones del gobierno, que ve en esta ley una herramienta apta para avanzar en el llamado a indagatoria de once senadores presuntamente involucrados en las maniobras por el pago de sobornos en la Cámara alta.
Mientras el juez federal Carlos Liporaci continúa analizando si aplicará la flamante norma para indagar a los senadores, la entidad que nuclea a los jueces advirtió que esa ley afecta la independencia del Poder Judicial y es anticonstitucional.
Puntualmente destaca que el artículo primero de la ley 25.320, “en cuanto comprende a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, afecta manifiestamente la estabilidad e inmunidad funcional que resguarda la independencia institucional y personal”.
La oposición expresa de la Asociación de Magistrados, que constituye el primer pronunciamiento institucional relevante en contra de la norma aprobada por el Congreso el pasado 8 de septiembre, fue comunicada mediante una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Julio Nazareno.
Por su parte, la diputada santacruceña Cristina Fernández de Kischner, aseguró hoy ante el juez federal Carlos Liporaci, ante quien declaró como testigo, que la llamada Ley de Fueros fue “un pacto de necesidad y urgencia para solucionar el tema de los senadores que se habían atrincherado en la Cámara Alta”.
El siguiente es el texto de la carta enviada a Nazareno por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional:
“Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del H. Consejo de la Magistratura
Dr. Julio Nazareno
De nuestra mayor consideración
En nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional tenemos el honor de dirigirnos a VE. a fin de hacerle saber que la institución considera que el artículo 1 de la ley 25.320 (Boletín Oficial del 13 de septiembre último), en cuanto comprende a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, afecta manifiestamente la estabilidad e inmunidad funcional que resguarda su independencia institucional y personal.
“Con las seguridades de nuestra mayor consideración, saludamos a VE. Muy atentamente”.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2000
Alberto Lugones
Secretario General
Raúl Madueño
Presidente”