Al juez Bruno lo denunció ante la Comisión de Acusación el consejero Mario Quiroga Lavié, sobre la base de un fallo del Tribunal Oral número 9 que declaró “nulo” todo el procedimiento, por supuestos apremios ilegales a un detenido.
A la reunión de la Comisión asistieron mas de 15 jueces de Instrucción -colegas de Bruno-, en un claro gesto de respaldo a la actuación del juez. Entre ellos se advirtió la presencia de los jueces Juan José Galeano, quien investiga la causa del atentado a la AMIA, y Alberto Baños que investiga las irregularidades producidas en el seno del Servicio Penitenciario Federal.
Bruno sostuvo que “a lo largo de la causa intervinieron nueve jueces en el marco de las medidas que se tomaron en la investigación”. “Mi superior jerárquico (la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) tampoco observó absolutamente nada”.
En tanto, el consejero y diputado por el Justicialismo, Miguel Angel Pichetto, indicó a modo de conclusión al finalizar la declaración del juez Bruno, que “las actuaciones del magistrado han sido correctas en el ámbito de la instrucción” pero señaló que faltaba en la legislación “la figura del informante”, para facilitar las investigaciones complejas, porque sin la legislación adecuada para estos casos , en su afán de investigar, "los Tribunales pueden llegar a poner en riesgo garantías constitucionales”. Asimismo la consejera María Lelia Chaya, en apoyo a su par de la Cámara de Diputados afirmó: “nosotros somos garantistas”.
En su declaración del martes pasado, Bruno exhibió una fotografía que le fue suministrada por un diario porteño, en la que aparece con una indumentaria diferente a la denunciada por un preso, quien aseguró haberlo visto mientras toleraba apremios ilegales.
Recordemos que el 20 de diciembre de 1996, un grupo de delincuentes asaltó la empresa Firme S.A. y robó 18 millones de pesos en un episodio que fue denominado “el robo del siglo”.
La investigación recayó en el juzgado de Bruno, quien ordenó la detención del “pai umbanda” Luis Betancur y del ex custodio de la empresa Jorge Trillo, quien denunció haber sido golpeado por policías en la comisaría.
El magistrado dijo en su primera declaración ante la Comisión de Acusación, que cuando se le tomó declaración indagatoria al detenido Jorge Trillo - quien posteriormente apareció ahorcado en su celda- “se le preguntó expresamente el pretexto de las lesiones y el motivo, pero aseguró que este no le dijo “me pegaron para que confesara" sino que “me pegaron en la Comisaría ”.
El juez señaló en esa oportunidad que “cuando un juez de instrucción incomunica a una persona, se entiende que no puede hablar con nadie. Insisto en que yo tengo las declaraciones de los preventores que llegan al lugar poco tiempo después que los malvivientes se alejan. Cuando llegan al lugar hablan con los guardias y los notan golpeados”.
El magistrado deslindó responsabilidades en los instructores y aseguró que “siempre hubo voluntad en su juzgado de llevar las investigaciones a buen término” , aunque reconoció los dichos de un testigo quien señaló que hasta el momento en que concluyeron las indagatorias, y el detenido fue trasladado a la Alcaidía del Palacio de Tribunales, éste no mostraba signos de haber sido golpeado “y sin embargo sí tenía golpes”.