04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Denuncian a Olivera y a sus abogados defensores

El abogado Barcesat los acusó de falsedad ideológica de instrumento público por el certificado de defunción presentado ante la justicia italiana.

 
El mayor retirado del Ejército Jorge Olivera y sus cuatro abogados defensores fueron denunciados por el delito de "falsedad ideológica de instrumento público", en relación con el certificado de defunción de la joven de origen francés Ane María Erize, documento que permitió la liberación del militar dispuesta por la justicia italiana.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salió ayer a denunciar la falsedad de ese documento, al sostener que se trataba de una solicitud de paradero adulterada, con sellos falsos.

Hoy el abogado Eduardo Barcesat presentó una denuncia por presunta "falsedad ideológica de instrumento público y uso de instrumento falso" contra los abogados Jorge Appiani, Jorge Pagnanelli, Gladys Ferrace y Roberto Nogiera, a fin de que se investigue su posible autoría o participación delictiva en la materialización del falso instrumento público.”

Asimismo, reclamó que se investigue a Olivera "por el uso del instrumento falso a conciencia de su falsedad" solicitando para todos ellos "el máximo de la pena privativa de libertad y de inhabilitación legal para el ejercicio de la profesión de abogado".

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 7 a cargo de Adolfo Bagnasco.

Asimismo, y en la misma presentación, Barcesat pidió que se investigué la posible participación de funcionarios públicos, tanto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pudieron haber aportado sellos que tiene el certificado, "como muy especialmente los del Ministerio de Relaciones Exteriores a cuyo cargo se encuentra la extensión de la llamada apostilla de La Haya que certifica la autenticidad de los instrumentos públicos argentinos que vayan a ser utilizados en el extranjero".

Olivera fue detenido en el Aeropuerto de Fiumicchino en Italia hace casi dos meses a pedido de la justicia francesa, que lo requiere por el asesinato de la joven Erize, ocurrido en San Luis durante la última dictadura militar.

Barcesat pidió al tribunal que se aplique la doctrina del precedente "Astiz" de fecha 4 de mayo de este año, emanada de la Sala Segunda de la Cámara Federal y que declaró inaplicables, en materia de crímenes contra la humanidad, a las leyes de "punto final" y "obediencia debida".



dju / dju
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