Sin embargo, aclaró que “esto no ocurriría si tuviera que estar dando explicaciones”. Además, el ex camarista que juzgó a las Juntas Militares en 1985 dejó implícito que el apoyo de la semana pasada, cuando se presentó en el despacho de Liporaci en los Tribunales de Retiro, no fue específicamente hacia el juez sino a la investigación que él realiza.
Gil Lavedra aseguró que el Gobierno procurará que el juez actúe con “independencia e imparcialidad, porque hay una prioridad en la causa de los presuntos delitos en el Senado, y es toda la sociedad la que está reclamando que esto se esclarezca lo más pronto posible”.
De todas formas, el juez tendrá que enfrentar los cargos en su contra ante el Consejo, explicaciones que, según el ministro, le quitarían la calma imprescindible para manejar una investigación que tanto preocupa a los argentinos.
Precisamente, tal como informó ayer este medio, avanza la investigación por el posible enriquecimiento ilícito del Liporaci. El fiscal federal Pablo Recchini, que actúa en la causa que lleva el juzgado de Gabriel Cavallo, pidió la tasación de la casa que Liporaci tiene en la calle Gaspar Campos, en Vicente López, y que costaría 1.400.000 pesos en lugar de los 610 mil que declaró el magistrado. Paralelamente, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, solicitó ayer un extenso pedido de informes para comprobar si el juez se enriqueció en forma violatoria de la ley. Entre ellos, el organismo requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de los últimos cinco años del juez y sus familiares, y pedirá que se verifique si se registran transferencias al exterior a su nombre.
El escándalo en el Senado no fue el único tema al que se refirió Gil Lavedra. En cuanto a la presencia en Buenos Aires del vicecanciller italiano, Franco Danieli, y la reunión que el funcionario europeo realizó esta tarde con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, en la que trataron la detención del represor Jorge Olivera, el ministro aseguró que “no se va a cambiar la postura del Gobierno, porque están en discusión hechos ocurridos en Italia y con peticiones entre Estados extranjeros”.