Ferrer renunció a su cargo cuando se hallaba al borde del juicio político y su posible destitución, involucrado en un escándalo por coimas.
El Consejo votó hoy en forma afirmativa remitir las actuaciones al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y a la oficina de matrícula de la Corte Suprema de Justicia, para que le apliquen las sanciones que consideren oportunas al ex magistrado.
Ferrer fue el juez que renunció ante la presión de los medios periodísticos que lo involucraron en un pedido de coimas para favorecer a la empresa Torneos y Competencias (TyC), que tiene los derechos de televisión codificada para los partidos de la selección Argentina de Fútbol.
En esa oportunidad, los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura comenzaron a tramitar la acusación para el magistrado por presunto “cohecho”.
Ferrer presentó la renuncia ante el presidente Fernando de la Rúa y el Ministerio de Justicia, pero, en esa oportunidad, los consejeros Fermín Garrote y Juan Gersenobitz le reclamaron al Ejecutivo que rechace la dimisión, ante la posibilidad de llevarlo al Jury de Enjuiciamiento, el tribunal encargado de la destitución de los magistrados.
Finalmente el Ejecutivo le aceptó la renuncia.
La Comisión de Acusación del Consejo citó a varios testigos por el caso Ferrer, en el marco de la investigación, para comprobar en ese entonces si existieron o no presuntos hechos de “cohecho”, y entre ellos declaró el apoderado de la empresa “TyC”, Javier Ordóñez, quien también declaró ante el juez que investigaba penalmente el caso, Carlos Liporaci.
Los consejeros escucharon los testimonios de los periodistas de diversos medios de comunicación, y a una abogada de la Plata, Elsa Témpera.
En el marco de la investigación, siete auditores de la Corte Suprema fueron encomendados por el juez federal Carlos Liporaci, quien investigaba al juez Ferrer, para determinar si “hubo cohecho agravado” según la denuncia y la prueba de cámara oculta que aportó la empresa “TyC”.
El cuerpo de contadores del Máximo Tribunal, inició una auditoria en las causas y documentación que tramitó el renunciante juez federal de la Plata.