Por otra parte, el juez resolvió citar a declarar a los funcionarios de la SIDE que cobraron en ventanilla los dos cheques por 6.5 millones de pesos de las cuentas reservadas que el organismo de inteligencia tiene en el Banco Nación, entre otras medidas dispuestas hoy.
Cantarero sostuvo que la periodista Fernanda Villocio había mentido durante el reportaje publicado por el matutino, en el cual el legislador habría confesado haber sido uno de los que cobraron dinero por la aprobación de la norma. En ese sentido, el legislador salteño pidió que se incorpore a la causa la denuncia que él formuló contra la trabajadora de prensa, que se tramita en otro juzgado.
El juez Liporaci se basó en dicha entrevista para efectuar ayer una inédita inspección ocular en el despacho del legislador a fin de comprobar el ambiente descripto en el cual se habría concretado el encuentro con la cronista.
La negativa de Cantarero estuvo contenida en un escrito que presentó ante el magistrado al cual se remitió durante la hora y cuarto que se prolongó la audiencia, cada vez que Liporaci y el fiscal Federico Delgado le formulaban cada una de las 40 preguntas que habían preparado.
Cantarero no realizó ningún tipo de declaraciones pero su abogado defensor, Andrés Maroutian, aseguró que había brindado "todas las explicaciones que se le pidieron", en tanto restó veracidad al anónimo que desató el escándalo al sostener que si se le hiciera caso "el gobierno estaría acéfalo", ya que en ese texto también se mencionan al presidente y al vicepresidente de la Nación.
Por otra parte, durante la indagatoria se le preguntó cuál había sido su intervención en cuanto al tratamiento de la Ley de Reforma Laboral, a lo que el legislador respondió que tenía entendido que había llegado a manos del juez copia del debate parlamentario, y que de allí surge cuál es la intervención, sin formular mayores precisiones al respecto.
En tanto, el juez federal Gabriel Cavallo allanó una inmobiliaria y una escribanía que intervinieron en la compraventa de la actual casa del juez Liporaci en la localidad de Vicente López, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Cavallo no pudo ocultar el malestar que le había provocado una versión según la cual había ordenado el allanamiento de la vivienda ubicada en Gaspar Campos 471.
"No tengo pensado hacerlo", dijo el magistrado quien pidió "respeto para el investigado y para el lugar porque allí hay una familia y menores".
De acuerdo con las actas notariales, Liporaci -y tal como lo denunció en su ampliación de la declaración jurada ante la Corte- adquirió la casa en 600 mil pesos, pero se estima que el valor del inmueble duplica esa cifra.