El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, desautorizó hoy al Jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, al declarar a Diariojudicial.com que “la intervención de autoridades judiciales de otros países de ninguna manera puede constituir un atropello para nadie”.
De esta manera, el Ministro contrapuso su opinión a la del Jefe militar que había dicho ayer a medios periodísticos que la detención en Italia del mayor retirado Jorge Olivera, acusado de violar y asesinar a la joven francesa Marie Anne Erize, había sido “un atropello a la política y a la Justicia nacional”, y que hay “un techo jurídico” por el cual los delitos que cometieron los militares durante la última dictadura deben ser considerados “cosa juzgada”.
Gil Lavedra reafirmó la posición que sostuvo el Gobierno nacional cuando se desató el debate al ser detenido Olivera, haciendo nuevamente hincapié en que Argentina va a exigir que se respete el principio de territorialidad. “Respetamos la legalidad de otros Estados, y los problemas que puedan tener los ciudadanos argentinos en el extranjero van a tener asistencia a través de los cónsules para que puedan tener su defensa”, aclaró el Ministro, que en 1985 juzgó y condenó a las Juntas militares como integrante de la Cámara Federal.
Además, Gil Lavedra se negó a hacer comentario alguno respecto del reconocimiento de Brinzoni de que el Ejército se está preparando para asesorar a los represores de la última dictadura cuando tengan que salir del país.
Pero estas no fueron las únicas aseveraciones del Ministro. En el cierre del seminario sobre “La importancia de la Justicia en el desarrollo económico”, organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), recalcó la necesidad de que el Poder Judicial mejore intensamente su nivel de efectividad.
“Además de ser un Poder, en cuanto a su función de contralor y de hacer que se respete la Constitución, la Justicia es un servicio público monopólico, donde no se da la competencia propia de la actividad privada, y se gasta mucho y mal”, enfatizó.
Gil Lavedra aportó algunos números interesantes. El presupuesto de la Justicia se duplicó en los últimos diez años. Pasó de 1300 millones de pesos en 1991 a los 2500 millones que se gastan hoy por año. Además, dio como ejemplo la situación a la Justicia federal, donde hubo un 50 por ciento de incremento, y “donde estas mejoras no traen aparejado un rendimiento similar en cuanto a la productividad”. También aseguró Gil Lavedra que la Justicia tiene en el país tiene un mayor porcentaje de participación en el Producto Bruto Interno que muchos países desarrollados, pero indicó que “la reforma del Estado aun no ha llegado al Poder Judicial” y que “es necesario ayudarle a que empiece a juzgarse a sí misma”.