“Ni siquiera la casa de Andreani cuesta esa suma de dinero, y ocupa media manzana”, advirtió el letrado en torno a aquellas versiones periodísticas, a las cuales el Consejo se aferró para solicitar medidas de prueba en la última causa que investiga contra el magistrado federal, cuya denuncia fue originaria por parte de dos miembros del Consejo de la Magistratura, Juan Mario Gersenobitz y Eduardo Orio.
Rodríguez manifestó en comunicación telefónica con Diariojudicial.com que, en la causa que lleva adelante Cavallo “no existe ningún secreto de sumario; sino que se trata de proteger la causa, por una cuestión de decoro”. El fiscal federal Pablo Rechini dijo, que “los pedidos de decoro realizados por la Defensa deben atenderse”, recordó el letrado al tiempo que señaló que el consejero Pablo Fernández “está equivocado”. El diputado Fernández, presidente de la Comisión de Acusación, había manifestado ayer que, “la Comisión seguirá investigando una vez que el juez Cavallo levante el secreto de sumario”.
El abogado Rodríguez, sintonizó la misma frecuencia de opinión que el consejero Juan Mario Gersenobitz, quien manifestó en el último plenario de la Comisión de Acusación que “el Consejo de la Magistratura no tiene jurisdicción para investigar delitos penales, pero si el mal desempeño en la función”.
Rodríguez señaló también que “comprar una casa, no es mal desempeño”, con relación al pedido de informes que hizo ese cuerpo a las escribanías y las inmobiliarias, y pedidos de oficios de escrituración”.
“La escritura del juez Liporaci, cumple con todos los requisitos que el Código Civil contiene. Si Liporaci puede o no pagar la casa, en todo caso es una torpeza personal. El Consejo se pregunta como va a hacer Liporaci, para pagar esa casa, y en realidad no se trata del mal desempeño. No es delito contraer deudas y no pagarlas, este tema tiene un enfoque jurídico y otro mediático”, manifestó Rodríguez.
“Lo correcto sería que el Consejo deje de investigar, porque constitucionalmente no puede”, dijo Rodríguez quien a su vez compartió la iniciativa del abogado Gersenobitz y del diputado justicialista Miguel Angel Pichetto, y sobre éste último señaló que “el consejero no se excusó de la causa, sino que pidió al cuerpo en pleno que se aboque al expediente 282 –la causa por presunto “enriquecimiento ilícito”- por el arduo trabajo que implicaba”.
Acerca de la etapa en que se encuentra la causa penal que instruye el juez federal Cavallo, el letrado afirmó que “es el inicio de la investigación y que se encuentra en una etapa de prueba, lo que implica una tasación de la casa con peritos de la Corte, dos peritos de parte que propuse y martilleros”.
“Si a un juez le dictan auto de procesamiento, no puede continuar en sus funciones, igual si es condenado por un delito, no podría juzgar a la ciudadanía”, señaló por último el defensor del juez Liporaci.