Es el que viene tomando el Procurador General Nicolás Becerra aunque muchos de sus colaboradores inmediatos parecieran no encontrarse a la altura de las exigencias de este perfil alto que quiere el jefe de los fiscales y lo convierten en blanco de duras críticas, como su sesgado y cuestionado manejo con la prensa. Con olfato político y con precisa información –Becerra tiene antecedentes de sobra en el PJ mendocino al punto de haberse convertido en uno de los candidatos serios a la gobernación- la emprendió contra la Oficina Anticorrupción del ministerio de Justicia, cuya constitucionalidad y legimitidad para actuar está siendo puesta en dudas, cada vez más en la Justicia. Es que el organismo inventado por la Alianza como bandera electoral anticorrupción se da de patadas con otros organismos ya previstos en la Constitución, como la Fiscalía de Control Administrativo –que el Poder Ejecutivo y la calma de su titular, el ex camarista en lo contencioso Jorge Pinzón, la han convertido en poco gravitante- no significa que su rol no sea decisivo para controlar a los funcionarios, con la SIGEN (Sindicatura General de la Nación ) y con la Auditoría General de la Nación que se reporta al Congreso. Por ello, Becerra quiere rejerarquizar a la Fiscalía que se reporta al ministerio Público Fiscal, un órgano extrapoder y que sí tiene facultades constitucionales para poder investigar y solicitar medidas a los jueces competentes.
hugo morales / dju
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