México tendrá que reembolsar a cien mil ciudadanos que han registrado sus vehículos el equivalente de un millón de pesos en una semana, cifra que podría multiplicarse por 500 si la exención de los pagos se extiende al parque automotor de todo el país.
La polémica en el Renave comenzó mucho antes, cuando el historial de Cavallo aún no era público y el Ejecutivo comandado por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) había decidido darle en concesión el registro público, siendo una empresa privada. Después del escándalo el Gobierno mexicano se vio obligado a disponer la intervención del Registro.
La detención del ex militar argentino puso en ebullición los ánimos de la sociedad del país azteca, descontenta al verse obligada a pagar a una empresa dirigida por un presunto delincuente acusado de delitos de lesa humanidad.
Cavallo fue sorprendido el pasado 25 de agosto por Interpol en el aeropuerto de Cancún mientras intentaba volver a Buenos Aires. Hasta ese momento era director del grupo empresarial que había ganado la concesión del Registro.
Interpol actuó por pedido del juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que pidió la extradición del ex militar argentino. El Gobierno de España acompañó la solicitud del magistrado que se popularizó mundialmente con la detención de Augusto Pinochet en Londres, pero todavía falta una decisión desde México.
El juez Jesús Guadalupe Luna está a cargo de la causa en México, y tendrá que definir en los próximos días si procede o no la extradición de Cavallo, para luego enviar su resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, que tomará la decisión definitiva, y determinará si Cavallo se enfrenta a Garzón.