El diputado porteño por Encuentro de la Ciudad Miguel Doy, que encabezó la ofensiva contra el decreto 3135 del 8 de enero del año pasado, firmado por el entonces secretario de Obras Públicas Nicolás Gallo, denunció la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto, a la vez que reclamó la pérdida de vigencia del contrato de concesión con la empresa Covimet (que es concesionaria desde 1981) de la autopista que une la Avenida 9 de Julio con las calles Cantilo y Lugones, en la Costanera Norte.
La base de la argumentación de Doy es que los cambios “de carácter sustantivo” que se realizaron implican la creación de un nuevo contrato, que siguiendo la normativa del Estatuto de la Ciudad debería haber llevado la rúbrica de la legislatura local.
Entre esos cambios en la contratación a los que se refiere el legislador que responde al partido de Gustavo Béliz, además del aumento tarifario, se agregan la extensión del plazo de contratación por 20 años a partir del día en que se finalicen las obras, la concesión del uso de 15 hectáreas que lindan con la autopista y la desafectación de terrenos que pertenecen al Velódromo de la Ciudad.
Desde otro punto de vista, el procurador general adjunto del Gobierno de la Ciudad, Víctor Zamenfeld, en defensa de la validez del decreto aseguró que no se trata de un nuevo contrato, sino del “reordenamiento de la tarifa”, por lo que comentó que “ni siquiera cabría la audiencia pública”. El funcionario además aseguró que el contrato original establecía un aumento a 1,30 pesos para cuando la traza estuviera terminada, y que el último decreto logró que esa tarifa disminuyera a 1 peso.
Doy aclaró que “no es la tarifa lo que está en discusión, sino la forma y las violaciones” en materia de competencia para regular el peaje, dado que, a su juicio, esto debería hacerse por vía de la Legislatura de la ciudad y no por medio de un decreto del Ejecutivo comunal. Además, aseguró que con el aumento “se expulsaría a un 60 por ciento de los usuarios, que no tendría capacidad para pagar el peaje, con un desgaste para el pueblo, que tendría que asumir la financiación directa del contrato”.
Otra de las irregularidades que denunció el legislador en su exposición fue la no publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad del contrato firmado, en violación al principio de publicidad. “Se legisló con un decreto a espaldas del pueblo y fuera de la competencia”, dijo. Sobre el mismo tema, Zamenfeld lo contradijo al asegurar que “la no publicación del texto ordenado de un contrato es la práctica usual” y que el acuerdo “estaba a disposición de cualquiera de las partes”.
Doy denunció además que la obra no está terminada, que el concesionario va a cobrar el doble de lo que pactó en 1995 y que “no hay ni una sola prueba de que Covimet haya estado en ese momento en desacuerdo con la tarifa de 50 centavos”. “El negocio del concesionario es seguir estando, con poca o ninguna obra, y todo financiado por el usuario o en alguna negociación con el Estado”, terminó.