En una cena realizada en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires anteanoche, De la Rúa anunció la firma de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del que se transferirá la competencia de este delito a la Justicia Contravencional porteña, y así comenzará el lento y paulatino traspaso a la Justicia a la Ciudad. Otra de las conductas típicas que podrían pasar a la órbita de la Capital es la provocación de violencia en espectáculos públicos.
“Se firmará próximamente un acuerdo, que deberá ser ratificado por el Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad, en el cuál se transferirán competencias muy pequeñas”, dijo el ministro en el encuentro en el que además participaron el ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Andrés D’Alessio, y varios miembros del Colegio.
En cuanto al traspaso definitivo de la Policía y la Justicia, el hermano del presidente señaló que “la autonomía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es plena y equivalente a la de una provincia y no se trata de que pague su Policía y sus jueces, porque el sistema constitucional dice que se transfiere con los recursos”.
El de los recursos es precisamente uno de los temas más urticantes de la cuestión. Según trascendió, a varios gobernadores no le caería demasiado bien que se haga el traspaso de los fondos desde la Nación. En cambio, desde el Gobierno de la Ciudad el secretario de Justicia y Seguridad, Facundo Suárez Lastra, dijo a Diariojudicial.com en una entrevista publicada el martes 14 de este mes que aunque las partidas pasen a la Ciudad, los vecinos de Buenos Aires seguirán en desventaja porque las diferencias en los aportes coparticipables son sustanciales.
Otro de los obstáculos con los que se podría topar el acuerdo serían los jueces, que aunque mantengan los salarios en los niveles actuales considerarían “desjerarquizante” dejar de ser magistrados nacionales para pasar a ser “autonómicos”.
Una Justicia saturada
En la reunión con el organismo que regula la profesión de los abogados de la Rúa además se refirió a la actual situación del Poder Judicial: “Cada vez estamos más convencidos de que un verdadero servicio de Justicia no es sólo la tarea de un juez, sino la de una serie de actores que procuran involucrar al ciudadano en el derecho de acceso a la Justicia para que la sociedad sea más igualitaria”.
En ese sentido, aseguró que la cartera de Justicia está diseñando un programa de reforma integral “para contribuir a mejorar la prestación del servicio” que ha sido consensuado con la Corte Suprema.
Respecto de los sucesivos encuentros que viene manteniendo con las máximas autoridades judiciales de cada fuero, el ministro señaló que “de esas visitas se puede advertir la saturación de ciertas jurisdicciones: evidentemente, el ámbito correccional está saturado, el fuero comercial, sobre todo en la primera instancia, también. Además, los jueces de ejecución penal están en una situación de notoria insuficiencia y el Colegio de Abogados está trabajando en solucionar la saturación de los defensores ante los tribunales orales”
De la Rúa dijo que el 90 por ciento de los procesados que deben enfrentar un juicio penal ante un tribunal oral y público recurre a los defensores oficiales. “Hay que buscar algún mecanismo en el cual los colegiados puedan contribuir a oxigenar este sistema porque no se puede desconocer la necesidad del derecho de defensa de los imputados”, pidió el ministro.
Sobre uno de los temas más polémicos en la competencia de su ministerio, De la Rúa aseguró que aprueba el proyecto de su flamante secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, sobre la ley del dos por uno. “Aprobamos el proyecto de modificar el cómputo del dos por uno, que ha resultado excesivo en la práctica, y reducirlo hasta el momento de la sentencia condenatoria aunque estuviera recurrido”.
En una noche en la que los anuncios estuvieron a la orden del día, el ministro adelantó que antes de fin de año estarán habilitados los penales de Marcos Paz y Ezeiza. “Es una buena noticia porque es clásica la intranquilidad carcelaria de fin de año y además, va a permitir la descompresión de las otras unidades y un mejor control”, dijo De la Rúa.
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