"Los que quieren atribuir el aumento del delito a las penas insuficientes y a la policía sin mano dura son los que no quieren discutir el modelo económico"
Acepta que le gustaría ser legislador en 2003 e invita a Carlos "Chacho" Álvarez a integrar el justicialismo en Capital. Ahora se dedica a la profesión de abogado, pero hace 15 años León Carlos Arslanián ocupaba un lugar en la Cámara Federal que condenó a los comandantes que encabezaron el golpe de Estado perpetrado hace exactamente 25.
Es el letrado que representa al detenido ex director del PAMI Víctor Alderete, a quien define como "un chivo expiatorio". Además critica duramente a Fernando de la Rúa y a la Oficina Anticorrupción: "Es un verdadero desvarío que pienso que fue un lapsus linguae pensar que con ello se puede erigir un Ministerio". Más que polémico, afirma que "la denegación del dos por uno es una de las cosas a las que se hecha mano para callar la demanda popular".
Como hombre de la política, ocupó la Secretaría de Justicia de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem, luego devenida Ministerio y después pasó a cumplir esa función en la provincia de Buenos Aires detrás de Eduardo Duhalde, pero tuvo que dejar el cargo ante la presión de Carlos Ruckauf y su mano dura. Del actual gobernador bonaerense y de su política de seguridad dice que "comete errores conceptuales gruesos, fruto de la ignorancia".
Diariojudicial.com: ¿Cuál es su balance después a 25 años del golpe y después de 15 del juicio a las Juntas?
León Carlos Arslanián: El golpe fue mucho más que el quiebre del orden constitucional en la República Argentina. Fue, como lo calificamos en el Juicio a las Juntas, un plan criminal que tuvo por finalidad el exterminio de un número más que significativo de personas, a las que el denominado Proceso de Reorganización Nacional vislumbró como enemigos a los que había que perseguir y suprimir, lo que marcó una diferencia sustancial con los golpes anteriores y dejó una huella imborrable. Una marca indeleble, como la que dejó el nacionalsocialismo de Hitler en los alemanes. El golpe trajo la usurpación del poder, la suma del poder público que se atribuyeron y la supresión del Congreso, la asunción de las facultades legislativas por la denominada Comisión de Asesoramiento Legislativo, limitaciones y presiones sobre el Poder Judicial, autoritarismo puro. A esto se sumó la desaparición de personas y un proyecto económico, que de alguna manera tendió a un quiebre del perfil industrial incipiente de la Republica Argentina
Dju: Inclusive un fallo del juez federal Jorge Ballestero del año pasado sostuvo la ilegitimidad de la deuda externa, acusando por subversión económica a los ministros de Economía de la dictadura...
LCA: No recuerdo con precisión el fallo, pero lo que sí advierto es esta secuencia perversa del crecimiento de la deuda externa argentina sin ninguna explicación que no sea la de llevar el país hacia una economía de un capitalismo salvaje, puramente especulativo, sin ninguna inversión de ninguna naturaleza. Y basta ver la secuencia del crecimiento de la deuda externa argentina, de cinco mil millones de dólares dejados por el gobierno de Isabel, 45 mil dejados por las Fuerzas Armadas; sesenta y pico dejado por el gobierno radical y así hacia el infinito. Solamente en el gobierno de De la Rúa en tan poco tiempo subió más de cincuenta mil millones de dólares, el famoso blindaje, y lo que va a subir a partir de ahora con lo que se está gestionando, tipo crédito puente. Como si luego esos créditos no tendrían que se pagados por la Argentina. Seguramente no será cancelado el capital, pero vamos a estar atados al pago de intereses que superan con creces nuestra posibilidad de pago, con las consecuencias sociales que debemos vivir cotidianamente que son el desempleo, la miseria, el hambre, la desocupación...
Dju: Si alguien le pidiera que se definiera, se definiría como un hombre jurídico o como un hombre político?
LCA: Esas cosas no van separadas de ninguna manera. Soy un hombre dedicado al derecho que estuvo en la judicatura durante muchos años, luego en el ejercicio de la profesión, en la cátedra universitaria. Tengo dimensión de ese mundo jurídico, pero el mundo jurídico carece de sentido si no se inserta en un mundo político, si no sirve a un mundo político.
Dju: ¿Dónde se siente más cómodo?
LCA: Mi perfil es técnico, así que estoy cómodo en los dos lados, pero tal vez con lo que más he disfrutado intelectualmente es con el ejercicio de la magistratura.
Dju: La extraña.....
LCA: Claro que sí, muchas veces pienso en ella. Nunca terminé de despojarme de mi toga de juez, por decirlo de alguna manera.
Dju: En una entrevista sobre temas similares al ex fiscal Julio César Strassera cuando se cumplían quince años de la sentencia que condenó a los comandantes, él decía que no tenía mucho sentido seguir en la función pública porque ya había alcanzado su máxima ambición, había pasado el juicio a las juntas y mucho más no le quedaba por hacer...
LCA: Es cierto. A todos nosotros, los miembros de la Cámara federal que llevamos adelante esos juicios, tuvimos la sensación de que después de eso nada más debíamos hacer, o que habíamos satisfecho plenamente todo lo que podíamos aspirar desde el punto de vista de la carrera judicial y las expectativas que ella nos producía. No en vano nos fuimos todos; no quedó nadie en el Poder Judicial. Creo que todos tuvimos la sensación de algo demasiado importante, demasiado pesado donde uno puso muchas cosas y por eso nos fuimos.
Dju: ¿Estuvo alguna vez a punto de volver?
LCA: No. Estuve muchos años en el Poder Judicial, casi 25 años. Un ciclo vivido con mucha intensidad, con mucho trabajo, lo que podríamos llamar una carrera judicial escalonada. También tenía expectativas políticas, alguna vocación en ese sentido y también quería probar la profesión de abogado que me pareció siempre una profesión sumamente digna, y logré cubrir también ese aspecto de mi persona.
Dju: Cuando habla de sus expectativas políticas, ¿pudo cumplirlas o se fue obligado por las circunstancias?
LCA: En los dos casos tuve una dificultad de carácter similar. En el primer caso, conseguí un objetivo muy importante que fue cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la Nación por una más moderna, que no es la panacea universal pero sí es mucho más moderna, porque estableció el juicio oral poniendo fin a más de cien años de enjuiciamiento inquisitivo en la Argentina. Y me tuve que ir en el momento en que se iban a producir las designaciones con motivo de las nuevas estructuras judiciales creadas a partir de esa reforma, y tenía una discrepancia absoluta con algunos miembros del gobierno en cuanto a qué criterios debían presidir esa designación.
Dju: Después de que se aumentó el número de miembros en la Corte Suprema.
LCA: Sí, cuando había que cubrir todos los cargos de los tribunales de casación, federales. Yo había creado una comisión asesora de la Magistratura autolimitando los poderes presidenciales para que hubiese un mecanismo selectivo más o menos importante y que los jueces no fueran fruto del dedo o del amiguismo puro. Pero lamentablemente no pudo ser realidad.
Dju: ¿Y en la provincia de Buenos Aires?
LCA: En la provincia el error que comete Carlos Ruckauf, que no es un error menor, es no entender la naturaleza del problema, del conflicto de la violencia y la seguridad. Así hizo que mi reforma quedara a mitad de camino. Con todo, en lo que no pudo volver para atrás fue en el nuevo régimen de organización policial que terminó con la megaestructura macrocefálica y que dio lugar a la creación de policías descentralizadas, que es un modelo operativo mucho más eficaz. Además está la creación de tribunales de enjuiciamiento público de la actuación del mal policía, que tampoco pudo ser modificado. Lo mismo con los foros de la comunidad, que es un proceso de movilización popular alrededor del objetivo de la seguridad con fuerte control sobre la policía y reconocimiento del control recíproco entre comunidad y policía. Esas semillas han dado sus frutos por más de que haya habido una contramarcha, y muchos lo reconocen y lo valoran.
Dju: ¿Cómo analizaría esa contramarcha? Porque Ruckauf tiene muchos años de política...
LCA: Es un error conceptual grosero, es fruto de la ignorancia. Como dije antes, desconocer la naturaleza del problema. Por supuesto que siempre ha habido en el pueblo un clamor más que justo por un mejoramiento en las condiciones de la seguridad, porque hay una delincuencia que crece día a día, en particular la delincuencia violenta. Teníamos una estrategia de acción frente a eso, que era un plan trienal con un fuerte consenso político, porque las leyes fueron negociadas con la oposición. Y logramos que se identificara el tema como cuestión de Estado y que la reforma no se agotara con un período gubernamental, tener una continuidad que se la daría el gobierno siguiente cualquiera que fuera su signo y que era el modo de garantizar coherencia en un programa que por sus características no podía tener efectos instantáneos. La demagogia ha hecho lamentablemente en mucho casos que los hombres de gobierno se desesperen cuando leen una encuesta por satisfacer el clamor popular sin importar qué grado de racionalidad puede tener las medidas que adopten. Pero se creen en la obligación de decir lo que la gente quiere escuchar. Y ahí empiezan las desviaciones fuertes, que hacia el interior de las policías son fatales, porque el personal policial, que tiene armas y cierto poder de acción, tiene que ser controlado permanentemente y no estimularle un ejercicio ilimitado y mucho menos la idea de que todo vale, que hay que tirar unos cuantos muertos en las calles para que vean la acción. Y esto es fruto de la demagogia.
Dju: Me recuerda a la definición de Eugenio Raúl Zaffaroni en su nuevo tratado, que habla de un derecho penal acotante y limitador del poder punitivo...
LCA: Yo pienso exactamente eso y lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Primero, el mal uso que se pretende hacer del Derecho Penal. Se cree que está hecho para resolver problemas que tienen otra naturaleza, otro origen y un modo de tratamiento realmente diferenciado. La realidad causal que es dable advertir entre miseria y violencia impide que la consideración de la problemática sea puramente policial. Entonces la falta de percepción lleva a una acentuación de la punición y de las facultades policiales con la peregrina idea de que con ello el fenómeno va a desaparecer o va a ser contenido. Y después da lugar a un fenómeno más perverso todavía: que al delito se le suma luego la acción ilegal policial, que es más grave que el delito que comete el hombre que no es policía, porque para el ciudadano la expectativa popular es totalmente distinta a la del funcionario al que el Estado le encomienda misiones especiales. En consecuencia, no es un tema de Derecho Penal, y los que insisten en que sí lo es, toman ese equivocado camino que empieza por aumentar facultades policiales, sigue por restringir excarcelaciones, continúa por aumentar penas, sigue preconizando la pena de muerte, y cuando se acaba todo eso probablemente aparezcan los escuadrones de la muerte. La prueba cercana de este modelo es Brasil. Por eso la labor del hombre público es la de convencer sobre la necesidad de preservar a sus fuerzas policiales de cualquier tipo de acción ominosa que luego la lleve al grado de descomposición o de descalificación que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes no están para hacer demagogia, y muchas veces tienen que asumir una decisión compleja que no contenta en lo inmediato una demanda popular, pero de otra forma no habría que tener dirigentes, sino estadígrafos: hombres que hagan encuestas y que así resuelvan lo que venga.
Dju: Es como si el Estado no se hubiese puesto los pantalones largos...
LCA: Es un Estado repentista, que no planifica, que actúa espasmódicamente, y en la medida que opera así se deslegitima y deja de cumplir las funciones esenciales.
Dju: ¿Cuál cree que debería ser la función del Poder Judicial en un potencial cambio? ¿Hay posibilidades de una vuelta atrás en relación a este sistema?
LCA: Hay posibilidades en tanto se comprenda perfectamente, insisto, la naturaleza del problema. Por ejemplo, acá cuesta todavía imponer la idea de que el fenómeno de la violencia está atado a la pobreza. Los que pretenden atribuir el aumento del delito a la supuesta lenidad del Estado, a las penas insuficientes, a la policía que no tiene mano dura son los que no quieren discutir el modelo económico. Quienes no quieren discutir el modelo económico quieren discutir el problema con la mano duda. Entonces, si no ponemos en duda el modelo, no vamos a tener ya siquiera la posibilidad de gastar más plata en policías de ninguna naturaleza, porque el Estado si no genera riquezas y empleo va a tener que transferir todos los recursos de las otras áreas del estado al ámbito de la seguridad y entonces vamos a tener un Estado policial que va a haber dejado de atender sus funciones esenciales, cosa que viene sucediendo desde hace rato: la educación, la salud, etcétera. Entonces va a tener un poderoso aparato de represión con el que va a querer remediar los problemas de otros ámbitos que nada tienen que ver con el sistema penal.
Dju: ¿Puede el Poder Judicial avanzar sobre el poder de las agencias ejecutivas?
LCA: Claro que sí, tiene la obligación de poner límites desde todo punto de vista. Y el primero es el control de la constitucionalidad de las leyes. Cuando el Poder Legislativo, en su desesperación de poder acallar el clamor, saca cualquier ley que dice cualquier cosa estarán allí los jueces para poner las cosas en su lugar y cotejar esa ley con las exigencias del orden constitucional y con el catálogo de derechos humanos que está incorporado en la nueva Carta Magna, de modo que el legislador no puede hacer cualquier cosa. Y luego con el Poder Ejecutivo, y en particular con el funcionamiento de las dos agencias que integran el sistema penal: la agencia policial, que cuando funciona como policía de investigación está supeditada a la decisión del juez y que cuando actúa como policía de seguridad sus poderes deben ser absolutamente examinados y controlados; y como agencia ejecutiva de la pena (el Servicio Penitenciario), que debe vigilar de qué modo se cumplen las exigencias del artículo 18 de la Constitución Nacional y el régimen legal en materia de progresividad del sistema penitenciario.
Dju: El subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios dijo en un reportaje a Diariojudicial.com que "las cárceles no son sanas ni limpias, y muchas se transforman en verdaderos depósitos de personas"...
LCA: Son reservorios, por eso no socializan. Y Latinoamérica ofrece un panorama penoso y muy triste. Casi el 90 por ciento de las personas presas está cumpliendo prisiones preventivas y no condenas, y esto significa una ruptura en el equilibrio, porque sólo a partir de la situación de condenado y en establecimientos totalmente adecuados y especializados se puede poner en funcionamiento cualquier programa de resocialización.
Dju: ¿La cárcel pasa a ser sólo un símbolo que legitima una idea de prevención general de la pena?
LCA: Sí, esto es cierto, una función puramente preventiva y fuertemente simbólica. Aunque atribuirle estas funciones al Derecho Penal implica el serio riesgo de que se radicalice. Su función es la de proteger bienes jurídicos, pero utilizando instrumentos racionales. La racionalidad de la pena está en la Constitución. Por eso vuelvo a ser reiterativo, pero creo que la clase dirigente debe terminar de entender de una vez por todas si tiene vocación de liderar y conducir, algo que se puede hacer cuando se tienen objetivos claros, no cuando se deja llevar por la alarma social que se utiliza las más de las veces como elemento de solución de casos. He visto recientemente con espanto cómo ciertos jueces han denegado excarcelaciones simplemente por la repercusión social del hecho, con lo cual han hecho una aplicación inconstitucional del régimen del encarcelamiento preventivo, violando el principio de inocencia y tantas otras garantías.
Dju: ¿Usted cree que la detención de su defendido Víctor Alderete está relacionada con la repercusión social del hecho a la que hace referencia?
LCA: Sí, es un chivo expiatorio. Han construido un paradigma, creen que van a remediar el fenómeno de la corrupción en cabeza de Alderete. Es una necesidad política que se les ha planteado y lo ha dicho con todas las letras Chacho Álvarez, que necesitaban tener por lo menos un preso en materia de corrupción. Ese preso se llama Alderete, y en la medida en que este fenómeno funcione así, Alderete pasa a ser una víctima, porque le resta total racionalidad a su detención.
Dju: ¿Usted quiere decir que esta presunta "persecución" a Alderete también estaría legitimando el avance del poder punitivo y la función de la cárcel como símbolo?
LCA: Claro que sí, se quiere asociar fuertemente la demanda popular en materia seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción con un preso. Y esto nos hace correr el riesgo de que como ya tenemos el preso no investiguemos más a nadie, porque esta función simbólica se ha cumplido. Entonces cuando la gente clama, la respuesta es "pero si tenemos al preso fulano de tal". Y esto es realmente malo, más allá de que Alderete o cualquier otro merezca un juicio y eventualmente una pena, pero a través de un juicio justo, donde la persona haya podido desplegar sus defensas y haya gozado de todos los principios que no tienen porqué dejarse de lado por una opinión pública y medios de comunicación que la incentivan en un sentido o en otro. Los principios y garantías constitucionales están para ser observados y ser resistentes contra cualquier tipo de crisis. No son normas de quita y ponga, deben ser observados en los momentos más críticos, justamente, para eso están. Cuando se trata de meter a alguien a los empujones a la cárcel para tratar de calmar el clamor popular, lo que se está haciendo es una fuerte deslegitimación del sistema penal.
Dju: De alguna manera para el imaginario popular estuvo del lado de los buenos como camarista federal en el Juicio a las Juntas y ahora pasó a ser el defensor del enemigo público número uno, ¿se siente incómodo en este cambio de rol?
LCA: No, en lo absoluto. No tengo porqué cambiar mi pensamiento profundo, porque no hago demagogia, porque no quiero contar con el beneplácito de los medios de comunicación y de la opinión pública, cuando esta está totalmente equivocada. El derecho al juicio es un derecho sagrado, fundante de nuestra convivencia. Es imposible que cuando uno trabaja para que esto opere así, se lo descalifique por las características de la persona que defiende. Es un pensamiento profano, burdo y que a mí en lo personal me tiene francamente sin cuidado.
Dju: ¿Qué opina justamente respecto de la legitimación procesal de la Oficina Anticorrupción para ser querellante?
LCA: Me parece un error craso que está en línea con esa necesidad política. Fue un error querer la Oficina Anticorrupción, y mucho más en el seno del Poder Ejecutivo. Además es un verdadero desvarío que pienso que fue un lapsus linguae pensar que con ello se puede erigir un Ministerio. La OA en las funciones necesarias y bienhechoras en la función del Estado en la lucha contra la corrupción es otra cosa. Tiene que hacerse también en el marco de la ley y fuera de toda expectativa popular. No digo que no atendamos la demanda de la gente, que para eso está el gobierno, pero tiene que decodificar el lenguaje. Hay necesidad de transparentar la acción de gobierno, y para eso existe una Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que forma parte del Ministerio Público, que ahora es un poder independiente dentro del Estado, y la han vaciado de contenido, la han dejado como una cáscara de nuez vacía, y por ley tiene la función asignada para realizar ese tipo de tarea. La OA es un organismo del Ejecutivo que no tiene siquiera la objetividad y la imparcialidad y genera suspicacias cuando selecciona a los funcionarios para llevar adelante una investigación.
Dju: Si la Oficina estuviera bajo la órbita del Ministerio Público usted la vería de otra manera?
LCA: Absolutamente, y además sería bueno y necesario, porque una de las cosas que tiene que resolver el Estado argentino es la corrupción. Y otro de los problemas es el de la impunidad, para el delito común y para el que es cometido desde el poder y el de la miseria. Son funciones irrenunciables que no se pueden hacer de cualquier manera, sino con mecanismos legales. No se puede crear una oficina del Poder Ejecutivo y encima pretender que es un organismo independiente, porque hasta eso pretenden decir. Tenemos que volvernos legales en algún momento. Argentina no puede seguir con tanta impunidad, y me refiero a la ineficacia en descubrir los delitos que se cometen, pero todos, los violentos y los no violentos.
Dju: ¿Se puede perseguir a todos los delitos? O terminaría atolondrando al Estado...
LCA: No, el sistema tiene que tener una selectividad inversa a la que tiene en este momento, que es perversa. Porque anega las facultades de los tribunales con la cosa menor y los despoja de la posibilidad de investigar y castigar los hechos más graves. Por eso impulsé en su momento la probation y algunos mecanismos que permiten la selección.
Dju: El informe anual de la Procuración General de la Nación propone un acercamiento mayor a la sociedad y a través de la recepción de denuncias tratar de ganarle algo de espacio a las agencias ejecutivas, ¿usted está de acuerdo? Porque de esta manera se acercaría a su modelo en la provincia de Buenos Aires...
LCA: Totalmente, creo que no hay posibilidad de dar seguridad prescindiendo de la iniciativa y la participación popular. Es imposible pensar que desde el Ejecutivo se pueden controlar estos fenómenos, identificarlos y conocerlos sin apoyo. Los foros de la comunidad en la provincia fueron una experiencia extraordinaria, cada comisaría tuvo un foro que se dedicó a controlar el funcionamiento de esos policías, por facultades legales y no por una mera concesión del príncipe. Y eso funcionó y permitió un proceso de reconversión. Cuando yo llegué era la maldita policía, al año de estar yo era una policía que hacía grandes esfuerzos por dejar atrás su pasado ominoso, recuperar su confianza popular y trabajar a favor de la comunidad. Y eso yo lo logré, yo lo logré.
Dju: ¿Y hoy, está peor?
LCA: No, está totalmente desvirtuado. Creo que el camino que yo inicié debía continuarse más allá del gobierno de (Eduardo) Duhalde, cualquiera fuese el signo. Y lo que siguió, en doctrinas y posturas totalmente distintas implica una desvirtuación.
Dju: Usted dejó su cargo en la provincia cuando Ruckauf se hizo candidato y se empezó a bajar el discurso de la mano dura...
LCA: Tal cual, yo dije que era totalmente incompatible lo que él estaba planteando, con lo que yo había preconizado y estaba haciendo, era totalmente esquizofrénico. Yo no me sentía con interés de seguir trabajando en algo que después él iba a venir a destruir. Entonces dije "acá no tengo nada más que hacer".
Dju: Me imagino que en coherencia con esta conversación no le dio importancia a la derogación del dos por uno...
LCA: Es un engaño absoluto. Es una más de las cosas a las que se echa mano para callar la demanda popular. Es mentir. ¿Qué van a resolver? Nada. Van a tener más tipos presos. ¿Dónde los van a poner? Es ignorar el origen del dos por uno, que el Estado tenía motines permanentemente porque no tenía dónde alojar a los presos y la duración de los procesos era extraordinaria. Hoy ese mismo fenómeno se ha agravado y ahora va a ser terrible. Es desconocer estadísticas. Han propagandeado con qué barbaridad que los tipos que han cometido graves delitos fueron beneficiados por el dos por uno. Pero lo que se desconoce es la nueva clientela que en forma continua ingresa al sistema penal, porque se podrá dejar a los tipos del dos por uno pero habrá otros que seguirán delinquiendo, porque el fenómeno de la violencia está fuertemente instalado en la sociedad. Y agudizado en los países latinoamericanos, cuyo perfil criminológico es bastante similar, mal que les pese a los que quieren aplicar a la República Argentina una visión como la de Nueva York o como la de los países centrales.
Dju: ¿Qué opina de la posibilidad de dictar la inconstitucionalidad y de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
LCA: Creo que el fallo de (el juez federal Gabriel) Cavallo ha sido muy bien fundado. Y hay que reparar en que si hay algo que no ha sido estático es el tema de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. En 20 años se han producido evoluciones notables en la jurisprudencia nacional e internacional.
Dju: Recuerdo su exposición de hace algunos meses junto al resto de los integrantes de la Cámara Federal en la facultad de Derecho en la que daba cuenta de la creatividad con la que tuvieron que eludir la prescripción de la acción penal. ¿Sería distinto ahora?
LCA: Totalmente, porque por empezar el derecho de gentes y las convenciones internacionales que los países están firmando y de los que es parte la Argentina declaran la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, su imposibilidad de ser amnistiados, la necesidad de castigo, con lo cual están cambiando sustancialmente los principios. Mire qué paradoja, qué ridículo, que como Argentina no estaba aplicando estos principios entonces los países centrales civilizados sí lo hacían y empezaban a juzgar a una serie de personas, hacían allá lo que teníamos que hacer nosotros acá. Son países que por ser más adelantados desde el punto de vista de su cultura jurídica son mucho más sensibles a estas demandas. Argentina hoy, con estas decisiones, lo que hace es irse encolumnando en esta nueva corriente de los derechos humanos.
Dju: ¿Especula con alguna reacción favorable en la Corte Suprema?
LCA: El tema no es fácil y no puede ser simplificado, y ciertamente colisionan principios de derecho argentino, como los efectos de una amnistía en la medida que ese sea el sentido que haya tenido la obediencia debida...
Dju: Y la política...
LCA: Efectivamente, el conflicto que se puede producir con las Fuerzas Armadas. Pero acaba de dictar un fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la matanza de Barrios Altos en Perú, en el que dijo que la obediencia debida era insalvablemente nula dentro del sistema interamericano.
Dju: Entonces vería una posibilidad de que se confirme el fallo de Cavallo...
LCA: Me da la sensación de que sí. No veo cómo puede la Corte salirse del sistema interamericano.
Dju: ¿Hasta dónde tiene la Corte que tener en cuenta las cuestiones políticas?
LCA: La Corte Suprema es un tribunal político en la medida en que está llamado a resolver conflictos de esa entidad o naturaleza. Pero por encima de todo es un tribunal de derecho.
Dju: ¿Cómo ve la posibilidad de la creación de una Corte Penal Internacional?
LCA: Muy bien, porque es evidente que día a día aumenta la cantidad de delitos que afectan los principios fundamentales, con la matanza indiscriminada de grupos étnicos, de personas, de grupos políticos, ideológicos o como se los quiera llamar en los distintos países. Estos crímenes perpetrados desde el Estado interesan a toda la comunidad universal y tienen que tener un ámbito común de sanción y juzgamiento. Por eso hay que distinguir muchísimo qué es el delito cometido desde el Estado del delito cometido dentro del Estado, que son dos cosas totalmente distintos. Los temas, por supuesto graves, dentro de la vida de la sociedad, como los homicidios, los robos, entre otros, tienen un ámbito y un interés para ser juzgados. Pero lo otro afecta a la comunidad internacional de naciones.
Dju: Lo veo con una visión bastante amplia del Estado, inclusive más allá de los temas de Justicia, habrá recibido propuestas para cargos electivos...
LCA:Yo veo una progresiva deslegitimación del poder dentro del Estado. En parte obedece al funcionamiento defectuoso de los partidos políticos que, encerrados y encapsulados, han impedido la renovación de su gente. Es penoso que la República Argentina tenga tan achicadas sus alternativas cuando tiene que ir a votar, y mucho más perverso el fenómeno de la lista sábana. En Argentina es un problema agudo. Veo que hay poder en otras partes, no solamente en el Estado, en las organizaciones sociales, políticas, de base, que día a día crecen y mejoran sus posiciones y sus peticiones. Hay que reconocerles su rol de interlocución porque en la Argentina las cosas han cambiado, desde los intereses difusos y la Constitución de 1994. Creo que hay una construcción de poder paralela que va a lograr penetrar y romper esta estructura viciosa de deslegitimación progresiva de las instituciones.
Dju: Entonces sí le gustaría...
LCA:Yo tendría que tener la tranquilidad de que voy a integrar un Poder Legislativo bien representado que funcione de la mejor manera posible.
Dju: ¿Quiere decir que en estas condiciones no se presentaría?
LCA: No, ahora no tengo interés, estoy metido en mi profesión, tengo un centro de investigación científica en materia criminológica que también me lleva su tiempo. Tal ves mi turno lo visualice para el 2003.
Dju: Está tirando una primicia...
LCA: Siempre que se den ciertos cambios que estamos impulsando. Integro un consejo de garantías que puja por cambiar las prácticas viejas del justicialismo en la Capital, lograr que vuelvan los que se fueron, garantizar internas abiertas, que no haya proscripciones ni exclusiones.
Dju: ¿Quiénes serían los que están para la vuelta?
LCA: Los que quieran (dice, quitando la mirada concentrada hacia el frente y esbozando la primera sonrisa en una hora de entrevista). Aunque han hecho públicas manifestaciones Irma Roy, Gustavo Beliz y también esto está abierto para cualquier ex compañero que se fue al Frepaso.
Dju: Por ejemplo...
LCA: Si Chacho Álvarez quisiera volver podría hacerlo.