04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

El Nunca Más de los servicios públicos

Así consideró el legislador porteño Miguel Doy al fallo que tendrá que dictar el Tribunal Supremo de la Ciudad respecto de la inconstitucionalidad del decreto por el que se duplicó el peaje en la autopista Illia.

 
Mientras espera el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la inconstitucionalidad del decreto por el cual se aumentó en un cien por ciento el peaje en la autopista Arturo Illia, el diputado porteño Miguel Doy, impulsor de la denuncia, aseguró que la decisión de los jueces será un “leading case” (un caso paradigmático, que siente jurisprudencia) y que en las manos de los magistrados “está la posibilidad de comenzar un Nunca Más en relación a los servicios públicos”.

En la audiencia pública organizada por el Tribunal Superior el pasado miércoles se cerró el período de prueba con la participación del Gobierno de la Ciudad; de Covimet, la empresa concesionaria; los fiscales; la defensoría del pueblo local y la querella. Precisamente Doy, en diálogo con Diariojudicial.com luego del trámite al que asistieron cerca de cincuenta personas, calificó de “terrible gravedad institucional” a la exposición del procurador adjunto de la Ciudad, Víctor Zamenfeld, que había dicho que con el decreto no nacía un nuevo contrato, como afirma Doy, sino que simplemente “se trata de un reordenamiento de las tarifas”.

El legislador del bloque de Encuentro por la Ciudad anunció que de salir un fallo del máximo tribunal local que reduzca la tarifa de los peajes (que habían aumentado en marzo de 50 centavos a 1 peso) tiene preparada una batería de 5 o 6 demandas respecto de las concesiones de todos los servicios públicos.

“Pienso dedicarme los tres años que me quedan de mandato a revisar la ecuación económico financiera, pero la del contribuyente”, dijo con ironía el diputado, que también denunció en diálogo con este medio que “la Ciudad encubre subsidios encubiertos cuando empresas como Mc Donald´s pagan las mismas tasas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) que la gente común”.

La causa nació después de que el presidente Fernando De la Rúa firmara junto a Nicolás Gallo, cuando ocupaban los cargos de Jefe de Gobierno y secretario de Obras Públicas en la anterior administración de la Ciudad, el decreto 3135 del 8 de enero del año pasado.

Ese reglamento local dispuso el aumento en un cien por ciento de la tarifa de peaje de la autopista que une la Avenida 9 de Julio con las calles Cantilo y Lugones, en la Costanera Norte, la extensión de la relación por 20 años, la concesión del uso de 15 hectáreas que lindan con la autopista y la desafectación de terrenos que pertenecen al Velódromo de la Ciudad.

Doy había denunciado la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto, a la vez que reclamó la pérdida de vigencia del contrato de concesión, argumentando que los cambios “de carácter sustantivo” que se realizaron implican la creación de un nuevo contrato, que debería haber llevado la rúbrica de la legislatura porteña.

El diputado porteño además criticó la que entendió como una connivencia insalubre entre la empresa concesionaria y el Ejecutivo local. “Me llamó la atención y me denigró como ciudadano que el representante de Covimet dijera que se sentía perfectamente representado por el Gobierno”, se enojó Doy, y agregó: “Además se obvió el control de la Legislatura, es una aberración institucional que me da miedo”.

Según Doy, el peaje de la autopista Illia “sin dudas, es el más caro del mundo”. El diputado aseguró que de acuerdo a la Cámara de Concesiones Viales, 100 kilómetros de autopista cuestan de promedio en el país 20 centavos. Las cuentas son alarmantes si se tiene en cuenta que el trayecto que une la 9 de julio con la Costanera Norte es de sólo 3 kilómetros. “Hay una transferencia del financiamiento desde las manos del usuario, a cambio de nada”, se quejó el legislador.

Tanto el Gobierno de la Ciudad como la empresa aseguran que a cambio del aumento en el peaje se harán obras con las que se ampliará la autopista. Sin embargo, para Doy, “no corresponde que el peaje sea un impuesto para la obra pública”.

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dju / dju
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