Antes habían enviado una nota a De la Rúa, solicitándole que se revea el recorte, que afectó a los funcionarios que ocupan las categorías A y B en todo el Ministerio. En algunos de los casos, los incentivos alcanzaban el 60 por ciento de lo que percibían. Se trata de remuneraciones que rondaban entre los 3 mil y los 4 mil pesos y que ahora pasarían a 1600 o 1100.
La respuesta del hermano del presidente intentó ser conciliadora: se mantendrían los incentivos, pero con un tope de 1700 pesos, y la medida sería de carácter general, alcanzando a todas las direcciones que dependen del Ministerio, es decir, a cerca de 160 empleados. Sin embargo, el mensaje de la OA fue de disconformismo y presión: o vuelta atrás en la decisión o exilio masivo.
Las claves
Son tres las claves de peso sobre las que se mueve el conflicto, según las pistas que enviaron las numerosas fuentes consultadas, con distintos intereses en la cuestión. La primera, y de mayor trascendencia, es que el gobierno Nacional no puede soportar el costo político de lo que sería visto como un derrocamiento de la pata ética del Ejecutivo y lo último que quedaba de las promesas electorales de la Alianza. Y menos a cambio de los sobresueldos de sólo 18 personas, que ganarían el triple trabajando en el sector privado.
El segundo lugar lo ocupa la lucha interministerial, de la que Jorge de la Rúa pretende salir indemne. La presión del Ministerio de Economía es histórica y va más allá de la presencia de Ricardo López Murphy. Desde allí se preguntan cómo puede ser que funcionarios con igual cargo e igual función tengan sueldos tan dispares.
En diálogo con Diariojudicial.com, Ricardo Gil Lavedra, primer ministro de Justicia aliancista y bajo cuya gestión nació la OA, reconoció que había pedidos de Economía, aunque aclaró que no se trató de presiones. Sin embargo, altas fuentes actuales de la cartera hablaron de la “extorsión” de Hacienda.
La tercera y última de las claves se mueve en la órbita sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantiene una huelga en el Ministerio desde hace casi dos semanas que ha paralizado virtualmente a la cartera. Además, según una definición unánime de todos los sectores, la OA es vista como “un grano” en Justicia, que inclusive ni se adhiere a las medidas de fuerza. Y un comportamiento diferenciado con la Oficina que dirige José Massoni, manteniendo los salarios anteriores a la poda, provocaría un verdadero caos difícil de mensurar.
Una salida estratégica
Según pudo averiguar este medio, muchas han sido las medidas para mantener el difícil equilibrio entre estos tres factores. Ya durante la gestión de Gil Lavedra se hicieron recortes de hasta un 20 por ciento de los recursos extrapresupuestarios que provienen de los Fondos Cooperadores, con un aporte al Tesoro Nacional de un millón de pesos a partir del mes de julio. La estrategia fue seguida por De la Rúa y el objetivo no va más allá de mantener en la órbita de Justicia el control de estos recursos que distinguen a la cartera del resto.
El camino a seguir requiere de tiempo. El hermano del presidente busca aplicar la recomendación peronista de que “hay que desensillar hasta que aclare”. Una vez levantado el paro y con las aguas más calmas, se les devolverían los sueldos a los funcionarios de la OA, el recorte no variará demasiado, manteniendo a Economía quieta con los aportes al Tesoro provenientes de lo que sobre de los entes. Una ecuación en la que la única variable que parece no cerrar es el tiempo.
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