Mondino había promovido una acción de amparo contra el Estado Nacional en busca de una declaración de nulidad por ilegitimidad de la resolución que autorizó el aumento, que afectó a los usuarios de los servicios de transporte por automotor de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional. Por lo tanto, la medida alcanza solamente a los colectivos. Sin embargo, al cierre de esta edición, Osvaldo Guglielmino, colega de Silva Garretón en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº4, analizaba una resolución similar para los trenes y los subtes.
Para explicar las causas del incremento de las tarifas, el Gobierno había explicado que “el incremento del precio del combustible, el mayor consumo de lubricantes y neumáticos, el servicio de mantenimiento de los vehículos y el aumento de gastos relativos a personal” requería de una medida para “recomponer la situación económico-financiera de las empresas del sector”, aunque reconoció “el impacto negativo que representa sobre el gasto de los hogares”. Por eso, en su resolución, el juez recomendó al Ejecutivo “la celebración de una audiencia pública” para permitir a los usuarios manifestar sus opiniones respecto del aumento.
Mondino además aseguró hoy que presentará un escrito solicitando que la potencial apelación a la resolución del juez sea “sin efecto devolutivo”, y así se mantenga la suspensión de los aumentos a pesar de la defensa que presentará el Estado para revertir la situación adversa. De negarse ese pedido, ante una apelación, volverían a regir las tarifas aumentadas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En la resolución, el juez ordenó la notificación de la suspensión al Ministerio de Economía, que a su vez tendrá que ordenar a las empresas la reducción de las tarifas a los precios vigentes la semana pasada. Ante la posibilidad de que el Gobierno haga caso omiso a la decisión judicial como sucedió con el recorte salarial, Mondino aseguró que “el no cumplimiento, relacionado con los servicios públicos, podría tener efectos más graves, ya que se afectan los derechos de personas que no tienen una relación de dependencia con el Estado”.
El aumento comenzó a regir el domingo con subas de entre el 7,1 y el 28,5 por ciento, con incrementos de diez centavos en las tarifas de los servicios de colectivos, trenes y subtes. Según el Defensor del Pueblo, “la Justicia, en su celeridad, le ha brindado al Gobierno la oportunidad de revisar una medida injusta en el marco de una audiencia pública”.
Según Mondino, el secretario de Transporte, Jorge Kogan, se enteró de la suspensión en una reunión en la que estaban ambos en su despacho, y su reacción fue “la de alguien que ha tenido un revés”. En cuanto a los comentarios públicos de Kogan, acerca de que el aumento no afectaría a los más necesitados, ya que no tienen dinero ni para pagar las tarifas sin el incremento, Mondino consideró que “fueron inoportunas”, aunque el secretario de transporte le aclaró que “fueron sacadas de contexto”.