Tal como lo había anticipado Diariojudicial.com en su edición de ayer, la Cámara que preside el consejero electo de la AMyFJN, Alberto Bueres, que instruyó al Tribunal de Superintendencia para que “decline la invitación cursada” por el Ministerio de Justicia, aseguró que la actual distribución de competencias jurisdiccionales entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se rige por la Constitución Nacional y por la ley de Garantías de los intereses del Estado Nacional –siempre que la Ciudad se mantenga como Capital de la Nación-, y por lo tanto los Poderes Ejecutivos, tanto nacional como local, no se podrían arrogar la facultad de efectuar la transferencia.
“Cualquier iniciativa tendiente a modificar el marco normativo constitucional de dicha situación por la vía de un convenio como el que se anuncia, afecta gravemente la independencia del Poder Judicial, la normalidad institucional y la seguridad jurídica”, se quejaron lo magistrados en el acta del acuerdo a la que tuvo acceso Diariojudicial.com.
Solicitada
A esta enérgica reacción contra la transferencia de la Cámara Civil se suma la opinión de la Asociación de Magistrados, que el martes envió al presidente Fernando De la Rúa una carta en la que calificó a la iniciativa como “un acto innecesario que crea mayor inseguridad jurídica”. Pero su apuesta para evitar que el traspaso se haga efectivo va aún más allá. Publicarán mañana una solicitada que saldrá en los periódicos de mayor circulación.
Allí aclararán que la oposición a la transferencia “de cualquier fuero de la Justicia Nacional de la Capital Federal a la Justicia Nacional” es compartida con los jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal y las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, del Trabajo, en lo Civil –como se anuncia más arriba- y en lo Comercial de la Capital Federal.
Según la solicitada, “estas transferencias parciales, lejos de asegurar mayor eficiencia, generan confusión e inseguridad jurídica”. Además precisa que “resulta constitucionalmente imposible una transferencia del Ministerio Público Fiscal o de la Defensa a la órbita de la Ciudad Autónoma, cuando el artículo 120 de la Constitución garantiza la autonomía funcional y autarquía de dichos órganos, mientras que en la Ciudad Autónoma se encuentran incorporados al Poder Judicial”.
El ministro de Justicia Jorge De la Rúa, había anunciado ya que el primer delito en pasar a la jurisdicción local sería el de tenencia de armas para uso civil, y trascendió que luego lo seguiría el de violencia en espectáculo público: ambos pasarían a ser contravenciones graves.
Más allá de la promesa gubernamental de mantener los sueldos de los jueces en los niveles actuales, los magistrados se muestran escépticos a la hora de analizar la posibilidad de dejar de ser “nacionales” para transformarse en “autonómicos”, en una virtual desjerarquización de sus cargos. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que muchos mirarían con codicia la posibilidad de pasar a instancias de apelación en el ámbito local, y así aceptarían el traspaso.
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