04 de Julio de 2024
Edición 6999 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/07/2024

Caballito de batalla

Ante las críticas generalizadas tras el año de gestión, el Gobierno salió al frente mostrando los números de la Oficina Anticorrupción, que en 12 meses generó 1076 expedientes con denuncias y hechos sospechados de perjudicar al Estado.

 
La Oficina Anticorrupción presentó ayer su balance después de un año de gestión y fueron los números los protagonistas principales. En la dependencia que dirige José Massoni aseguran que generaron 1076 expedientes con denuncias y hechos sospechados de corrupción.

Al mismo tiempo, según voces que suenan en el Ministerio de Justicia, donde funciona este organismo, fue precisamente la Oficina Anticorrupción el caballito de batalla del Gobierno Nacional frente a las críticas de inmovilidad que esperaban al cumplirse un año desde la asunción. La cabalgata incluyó apuros y algo de nerviosismo en los últimos días, pero la elocuencia de las cifras habla de la tarea que hicieron las dos áreas de su competencia: la Dirección de Investigaciones, a cargo de Carlos Manuel Garrido, y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, con Roberto de Michele a la cabeza.

De todas formas desde la misma Oficina hacen hincapié en la “calidad de las denuncias, el trabajo que hay detrás de cada presentación y su grado de importancia”. De los 1076 expedientes, en 178 casos se consideró que los hechos investigados constituían actos de corrupción, por lo que se hicieron denuncias para impulsar las resoluciones judiciales.

En 17 de esas causas, además de haber impulsado las investigaciones, la Oficina Anticorrupción realiza el seguimiento a efectos de revisar periódicamente el tratamiento judicial y aportar pruebas. Otras 365 se encuentran aún en estado de averiguación, para evaluar cuáles merecen una presentación ante la Justicia.

La Oficina, que depende del Poder Ejecutivo, y más precisamente de la cartera de Justicia que actualmente encabeza Jorge De la Rúa, fue creada con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y tiene como atribuciones “recibir denuncias que hicieren a particulares o agentes públicos, investigar a los agentes, a toda institución o asociación que tenga como principal fuente recursos del Estado, y denunciar ante la Justicia competente los hechos que como consecuencia de las investigaciones pudieren constituir delito".

Al comienzo del Gobierno de Fernando De la Rúa, se había acusado a la Oficina Anticorrupción de perseguir a los ex funcionarios del Partido Justicialista, que acababan de dejar sus cargos públicos bajo un manto de sospecha.



dju / dju
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