“La ley que declara en emergencia la situación económico financiera del Estado Nacional no corresponde aplicarla en el ámbito de competencia del Consejo de la Magistratura”, indica la resolución que fue adoptada por unanimidad hoy, en el último plenario del año del cuerpo.
En los fundamentos de la medida se señala que aplicación de la ley impediría el pago de deudas generadas por juicios ganados, con sentencia firme, por jueces y funcionarios referidos a cuestiones salariales.
La partida presupuestaria para el año 2000 contempla la totalidad de la deuda y los compromisos fueron pagados puntualmente hasta el mes de octubre, pero desde ese mes en adelante el Consejo ha quedado sin los recursos necesarios para ejecutar el saldo restante. Por dicho motivo, el Consejo ahora realizará gestiones ante el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de que se asignen los fondos pendientes.
Según la lectura de fuentes cercanas al cuerpo, si bien el Consejo adoptó la resolución por la cual declara inadmisible aplicar la ley, desde el Ejecutivo señalan que “no hay plata”. Una salida decorosa al problema sería negociar con el Gobierno para que cubra la partida que está faltando.
La resolución que aprobó el Consejo fue comunicada a la Corte Suprema, quien apoya este criterio. La Corte ya se pronunció en distintas acordadas, como la 96/91, relacionada a los juicios que se ganaron , sobre cancelación de deudas de la justicia, y las 6/96 y 1/97 sobre asignación de jueces en zonas desfavorables, a quienes supuestamente se les debería pagar un sueldo más alto. Hay magistrados que se apoyaron en estas acordadas, hicieron juicio y ahora se les debería pagar.