A mi padre, en el aniversario de su muerte. Tu hija que te
extraña.
SUMARIO: I. Introducción. II. El problema de la búsqueda de la verdad en
el instituto del juicio abreviado. III.- Conclusión.-
I. Introducción:
Dentro del Capítulo X, denominado "Actuación ante el o la fiscal" de la Ley
de Procedimiento Contravencional se encuentra regulado en un único artículo
el instituto del juicio abreviado.
Este modo de arribar a una sentencia condenatoria ha sido adoptado con evidenciada
asiduidad en el fuero contravencional, superando con creces a la celebración
de audiencias de juicio oral y público.-
Así, el art. 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional prescribe que: "Cuando
el presunto contraventor/a acepta la imputación, el acta contiene el requerimiento
de juicio y es enviada al juez o jueza, quien, si considera que para dictar
sentencia se requiere un mejor conocimiento de los hechos, llama a audiencia
de juicio. Si así no fuere, dicta sentencia y la notifica al contraventor/a.
En tal caso no puede imponer pena que supere la cuantía de la solicitada por
el o la fiscal, pudiendo dar al hecho una calificación legal diferente a la
del requerimiento."
II.- El problema de la búsqueda de la verdad en el instituto del juicio
abreviado.-
I.- Ahora bien, el tema que despierta mi interés es la base sobre la cual se
asienta el juicio abreviado y como se compadece con el respeto por las garantías
constitucionales.-
El concepto de verdad sobre el cual se arriba a un acuerdo es el de la verdad
consensuada. Sucintamente, se acuerda como verdadero lo que dos interlocutores
en pie de igualdad convienen que es cierto.
Este concepto de la verdad puede ser de gran utilidad, aunque debemos establecer
cuáles son los límites que deben imponerse al reconocimiento prestado por parte
del imputado, como requisito fundamental para arribar a una acuerdo con relación
a la pena a serle impuesta.
Considero que el límite impuesto a este tipo de acuerdos por el ordenamiento
ritual contravencional se traduce en el control jurisdiccional de los referidos
convenios sobre la pena.
Así, el texto del art. 43 establece, como ya se adelantara, que "Cuando
el presunto contraventor/a acepta la imputación, el acta contiene el requerimiento
de juicio y es enviada al juez o jueza (...) Si así no fuere, dicta sentencia
y notifica al contraventor/a. (...)"
Dictar sentencia en un acto eminentemente jurisdiccional y dicho control judicial
de los acuerdos arribados por las partes, avala a los ciudadanos que se vele
por las garantías constitucionales del debido proceso.
En este entendimiento, el mentado texto legal le confiere al magistrado interviniente
la posibilidad de llamar a audiencia de juicio, si considera que para dictar
sentencia se requiere un mejor conocimiento de los hechos.
Esto nos introduce al tema de la búsqueda de la verdad material en el proceso
penal por oposición a la verdad consensuada, que sería la base sobre la que
se asienta el acuerdo que lleva a la consolidación del juicio abreviado.-
Ahora bien, se ha dicho que existen teorías que ven en el proceso penal una
fórmula de solución ritualizada de los conflictos sociales y no como un medio
de la búsqueda de la verdad.
No comparto en absoluto estas teorías. En este sentido se ha expresado que "Esto
no quiere decir, sin embargo, que el proceso penal tenga que renunciar por principio
y desde un principio, a la búsqueda de la verdad material entendida en un sentido
clásico como adecuatio rei et intellectu, sino solamente que tiene que atemperar
esa meta a las limitaciones que se derivan no sólo de las propias leyes del
conocimiento, sino de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución(...)
Por todo ello, la afirmación de que el objeto del proceso penal es la búsqueda
de la verdad material debe ser relativizada, y, desde luego, se puede decir
entonces, sin temor a equivocarse, que en el Estado de Derecho en ningún caso
se debe buscar la verdad a toda costa o a cualquier precio." Véase,
"Búsqueda de la verdad en el proceso penal", Francisco Muñoz Conde, Colección
Claves del derecho penal, volumen 1, editorial Hammurabi, págs. 97 y 102.-
Ahora bien, en este entendimiento el interrogante consiste en dilucidar como
se compadece la institución del juicio abreviado con la búsqueda de la verdad
material. Más aún si el reconocimiento del imputado por sí mismo alcanza para
arribar a una sentencia condenatoria.
El sentido común indica, que por aplicación del principio constitucional que
establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, el reconocimiento
prestado por el presunto contraventor es libre.
Ahora bien, ¿qué motiva a una persona a reconocer en forma lisa y llana
el hecho que le es enrostrado por el acusador público, aún en presencia de su
defensa técnica?
Una respuesta posible sería, a mi entender, la culminación en un tiempo abreviado
del proceso que se le sigue, ello se compadece con el principio de celeridad
que rige en esta materia. Celeridad, economía procesal. Ahora bien, el interrogante
consiste en dilucidar cuál debe ser el límite.
II.- Regulado en el capítulo X denominado "Actuación ante el fiscal", dicho
acuerdo debe ser enviado al juez. El procedimiento contravencional requiere
el control jurisdiccional del acuerdo arribado entre las partes. Ahora bien
¿con qué objeto? Con idéntico sentido que la actividad jurisdiccional le ha
dado el procedimiento contravencional. Velar por el cumplimiento de las garantías
constitucionales en el transcurso del proceso. Esto es, desde su inicio, adecuado
control de las medidas precautorias adoptadas en la etapa instructoria, entre
otras.-
En este orden de ideas me pregunto cuál es el fundamento del control jurisdiccional
de este acuerdo llevado a cabo entre imputado, defensor y acusador público.-
Así se ha dicho que "En esta sujeción del juez a la Constitución, y, en
consecuencia, en su papel de garante de los derechos fundamentales constitucionalmente
establecidos, está el principal fundamento actual de la legitimación de la jurisdicción
y de la independencia del poder judicial de los demás poderes (...) Precisamente
porque los derechos fundamentales sobre los que se asienta la democracia sustancial
están garantizados a todos y a cada uno de manera incondicional, incluso contra
la mayoría, sirven para fundar, mejor que el viejo dogma positivista de la sujeción
a la ley, la independencia del poder judicial, que está específicamente concebido
para garantía de los mismos."
"(...)En este sentido, el principio de igualdad y de legalidad se conjugan
con el segundo fundamento político de la independencia del juez: su función
de la averiguación de la verdad procesal, según las garantías del justo proceso"
Véase, "Derechos y Garantías", La Ley del más débil, Luigi Ferrajoli, Editorial
Trotta, págs. 26/27.-
Como corolario de lo supra expuesto se desprende con claridad que el fundamento
del control jurisdiccional de los acuerdos entre partes, es precisamente la
sujeción de aquéllos a las garantías de los derechos constitucionalmente consagrados,
en el especial, los referidos al debido proceso.
La vía que le abre el art. 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional al
magistrado, para ahondar en el conocimiento de los hechos, si esto resulta a
su entender necesario, maximiza el concepto de la búsqueda de la verdad material
por sobre el de la verdad consensuada, ahora bien no a cualquier precio sino
dentro del marco constitucional.
IV.- Ahora bien, estos acuerdos requieren del tamiz jurisdiccional para alcanzar
el status de sentencia.
En este sentido, se debe compatibilizar el acuerdo arribado de acuerdo a las
prescripciones del art. 43 de la ley de rito, con los principios rectores del
proceso penal.
El tribunal debe resguardar el principio de investigación, rechazando los acuerdos
basados únicamente en el reconocimiento del hecho llevado a cabo por el presunto
contraventor, sin apoyatura en otras pruebas. Verificada esta hipótesis, el
Tribunal debiera ineludiblemente llamar a audiencia de juicio a fin de intentar
recorrer el camino que lo conduzca al descubrimiento de la verdad material de
los hechos investigados.
Más aún, ahondar en el análisis del reconocimiento prestado por el presunto
contraventor, esto es, que éste sea ajustado al hecho que se le imputa, que
debe estar descripto adecuadamente, evitando fórmulas genéricas, carentes de
sentido.
Como guardián del cumplimiento de las garantías constitucionales, verificada
alguna irregularidad vulneratoria de ellas, tanto en oportunidad de celebrarse
la audiencia prescripta en el art. 41 de la ley adjetiva, como en la formulación
del requerimiento de juicio abreviado prescripto en el art. 43 del mentado ordenamiento
(por ej.: la inexistencia de identidad entre el hecho imputado y el hecho reconocido
por el presunto contraventor o la omisión de la firma del defensor oficial o
particular al pie de ella, entre otras); el juez debe declarar la nulidad del
acto pertinente, ello en virtud de la aplicación supletoria de las previsiones
de los arts. 167 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.-
Con relación a la pena acordada, el texto del art. 43 de la L.P.C. fija un límite
al magistrado, consistente en no imponer una pena de mayor cuantía que la requerida
por el fiscal interviniente.
Ahora bien, respetando ese límite, entiendo que ello no es óbice para proceder
a la aplicación de las previsiones del art. 24 de la ley de fondo.
Consecuentemente, el acuerdo prestado por el contraventor con relación a la
pena a cumplir no exime en modo alguno al magistrado del análisis de las circunstancias
que garanticen el principio de proporcionalidad entre la acción disvaliosa llevada
a cabo por aquél y la mentada pena.
En este orden de ideas, considero que el Tribunal puede mutar el tipo de pena
objeto de acuerdo, en aras de resguardar este principio.
V.- Con relación a las costas procesales se han suscitado algunas divergencias
de interpretación.
La ley nº 327 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires regula el proceso
para el cobro de ellas. Específicamente en su art. 5º se refiere a los procesos
contravencionales y de faltas y en su art. 11 fija en el monto de pesos cincuenta
($50) el valor de la tasa judicial para los procesos cuyo objeto litigioso no
tenga valor pecuniario.-
Tratándose de un tasa, ésta se encuentran destinada a cubrir, al menos de modo
parcial, los costos de la administración de la justicia contravencional.
Ahora bien, rige en la materia las previsiones del art. 14 de la ley de rito
contravencional. Si bien en principio, el acusado tiene la obligación de soportar
las costas del proceso, siempre que haya sido condenado, el mentado texto legal
abre al magistrado la posibilidad de reducirlas o de eximirlo del pago de ellas
en atención a sus circunstancias personales o a las demás circunstancias del
caso, cuando así lo considere conveniente.
Ahora bien, con relación al acuerdo arribado por las partes por aplicación del
art. 43 del ordenamiento ritual, en principio las costas procesales no son materia
de aquél. Ello por no relacionarse directamente con la responsabilidad asumida
por el hecho enrostrado al presunto contraventor sino con la variable supra
descripta, esto es, el soportar los gastos devengados por el proceso de administración
de justicia.
En este entendimiento, el encartado que llevó a cabo una conducta subsumible
en alguno de los tipos contravencionales previstos por la ley 10 y sus modificatorias,
cuya responsabilidad asumió de modo liso y llano, en absoluta libertad y motivado
únicamente por razones de conveniencia o celeridad en llegar a la culminación
del proceso contravencional en el que se viera involucrado a consecuencia de
su accionar, debe soportar los gastos del proceso. Escapa a aquél acordar su
eximición, motivo por el cual no puede formar parte del acuerdo al que se arriba
en la sede de la fiscalía interviniente.
Ahora bien, ello no es óbice para que el Tribunal, por aplicación del art. 14
de la ley de rito contravencional ya referido, lo exima del pago de ellas si
así lo considera pertinente.-
VI.- Por último, con relación al acuerdo arribado en base a las previsiones
del art. 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional, es menester dejar a
salvo la posibilidad que detenta el encartado de apelar el resolutorio al que
se ha arribado.
Así se ha expresado que "En el marco de un acuerdo, el tribunal no puede
hacer prometer la renuncia a los recursos por parte del acusado, pues la facultad
para interponer un recurso es independiente de la medida de la pena y no puede
estar vinculada a esa medida. Tampoco se puede exigir al acusado que antes de
que conozca la sentencia renuncie a la posibilidad de control que significa
la interposición de tal recurso" Véase, "Derecho Procesal Penal", Claux
Roxin, Ediciones del Puerto, pág.102.-
Lo expuesto se compadece con lo prescripto por el art. 43 objeto de análisis
en cuanto a la obligación que pesa sobre el Tribunal de notificar la sentencia
al encartado, máxime cuando se desprende de lo expuesto precedentemente la facultad
que le confiere el ordenamiento para modificar la pena a imponerle o eximirlo
del pago de las costas procesales.
III) Conclusiones:
Ahora bien, sin ir tan lejos como Ferrajoli cuando expresa que "Ninguna
mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, o falso lo que es verdadero,
ni, por tanto, legitimar con su consenso una condena infundada por haber sido
decidida sin pruebas. Por eso me parecen inaceptables y peligrosas las garantías
del justo proceso y, sobre todo, del proceso penal de las docrinas "consensualistas"
y "discursivas" de la verdad que- nacidas en el contexto de disciplinas muy
diferentes, como la filosofía de las ciencias naturales (Khun) , o la filosofía
moral o política (Hamermas) - algunos penalistas y procesalistas querrían importar
ahora en el proceso penal, quizás para la justificación de esas instituciones
aberrantes que son las negociaciones sobre la pena. En efecto, ningún consenso
-ni el de la mayoría ni el del propio imputado- puede valer como criterio de
formación de la prueba. Las garantías de los derechos no son derogables ni disponibles."
Véase, "Derechos y Garantías", "La ley de más débil", Luigi Ferrajoli,
Editorial Trotta, págs.27/28.-
Para finalizar, y aunque debo reconocer que la sangre de mis ancestros que corre
por mis venas hace palpitar mi corazón de emoción al escuchar declaraciones
de principios tan contundentes, entiendo que bajo la óptica de una posición
más moderada, la conclusión de las ideas precedentemente vertidas me lleva al
entendimiento que el juicio abreviado puede ser una forma rápida y eficaz de
restaurar la paz social en el marco de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires.
La toma de consciencia por parte del sujeto generador de la conducta disvaliosa
incluida en alguno de los tipos contravencionales, debe ser valorada socialmente.
Ahora bien, dichos acuerdos deben ser minuciosa y adecuadamente controlados
en la esfera jurisdiccional, por aquellos a quienes la ley los ha envestido
de guardianes de nuestra Constitución.