En sintonía con otras presentaciones de características similares, y horas antes que el presidente Fernando De la Rúa firme un decreto de conmutación de penas para los detenidos, el abogado Luis María Llaneza recordó que desde la última reforma "de nuestra Constitución Nacional el inciso 22 del artículo 75 establece la jerarquía constitucional de todos los tratados sobre derechos humanos", que contemplan derechos y garantías como lo es la segunda instancia judicial contenida en el Pacto de San José de Costa Rica.
En ese entendimiento, Llaneza sostuvo que con relación a los detenidos por Tablada "se utilizó una Ley que a la reforma de nuestra Carta Magna quedó virtualmente derogada en atención a que en la misma no se permitía la segunda instancia judicial por lo que los condenados hasta el día de la fecha no tienen sentencia firme”.
Respecto de las responsabilidades atribuidas en su denuncia, el abogado aseguró que "tanto el presidente de la Nación, como los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los integrantes del Poder Legislativo tenían conocimiento de dichas circunstancias pero no se pronunciaron al respecto lo cual los hace incurrir en los delitos por los que se querella".
Advirtió, asimismo, que "hay privación ilegítima de la libertad que no se condice con los postulados democráticos de nuestra forma de gobierno lo cual hace a los querellados pasibles de la condena establecida para los delitos" mencionados.