Mario Gustavo Costa: La Corte viviría muy feliz si no tuviera facultades de superintendencia

Por otra parte, opinó que el reclamo de un agravamiento de las penas planteado por el actual ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Jorge Casanovas, obedece a un funcionamiento "más o menos espasmódico", o "una panacea de los problemas sociales" porque como sociedad "nos falta superar la angustia del día de hoy y pensar un poco más a largo plazo".

Diariojudicial.com: ¿Cómo ve usted el proceso electoral que se vivió en la Asociación de Magistrados que concluyó con un cambio en la conducción de la entidad?

Mario Costa: En tren de encontrarle algo positivo el que se haya quebrado por primera vez la hegemonía de la lista blanca, la más conservadora, la que expresa una concepción muy tradicional de la justicia, es un dato positivo. Mas allá que los celestes no tengan una diferencia cualitativa sustancial con los blancos. Creo que son del mismo riñón y que la diferencia es que tienen un mayor grado de apertura, de flexibilización hacia ciertas posturas más progresistas digamos y además son más activos. No cabe dudas que el sector celeste ha crecido a expensas de cierto inmovilismo de los blancos.

Dju: Su opinión es de quien expresa a una tercera lista, la Azul, que en su momento usted apoyó o apoya en la actualidad.

MGC: Si, más allá de apoyarla en este último tiempo he estado muy poco activo. Es una culpa que asumo. La Lista Azul siempre tuvo una actitud de diferenciamiento. Y no digo que sea un diferenciamiento absoluto, porque dentro de la Azul también hay corrientes con la idea corporativa de la Justicia. La idea de los que en el año ´84 fundamos la lista Azul fue la de una concepción pluralista internamente y hacia afuera de evitar una concepción de una justicia encapsulada en una torre de marfil ajena a la sociedad.
Yo siempre cuento una anécdota y recuerdo que en el año 87 cuando fuimos por primera vez elegidos tres consejeros por una lista opositora diferente a la Blanca, como consecuencia de haber obtenido el 50 por ciento de los votos en nuestra segunda postulación, promovimos la representación proporcional en el Consejo Directivo ya que hasta el momento se votaba lista completa. Cuando integramos el Consejo los tres representantes que aterrizamos ahí, nuestra propuesta fue realizar una encuesta (estamos hablando a mediados o fines de los 80) en la población para saber qué idea tenían de la Justicia, qué idea concreta tenían de la institución judicial, cómo se percibía todo el sistema de designación de jueces, el sistema de remoción alternativos al de la constitución, la reforma constitucional, etc. Todo ese proyecto fue planteado en la Asociación de Magistrados y “bochado” con argumentos que esto permitiría introducir sospechas o críticas, algo así como "no nos vayamos a meter en el barro". Bueno el barro nos vino solo en los años sucesivos. Demostró que si en ese momento la justicia hubiese salido a hacer este tipo de evaluaciones, en una de esas podíamos habernos curado en salud de muchas cosas que ya existían, que ya estaban en germen y que después se fueron agudizando.

Dju: ¿Usted piensa que en la actualidad los jueces por sí, o a través de la entidad que los representa, no admiten ese tipo de planteo o cuestionamiento?

MGC: Hay una tendencia de diferenciarse. Yo creo que los hechos han provocado una permeabilidad natural. Le doy otro ejemplo; en ese entonces yo integraba la Cámara Criminal de la Capital y tuvimos una iniciativa similar a la que muchos años después logramos de alguna manera hacer penetrar a través de Encuentro de Jueces, y es la obligatoriedad de declaraciones juradas públicas. Al final se decidió que esto correspondía a la Corte, y por eso hicimos nuestra presentación a la Corte, y el proyecto quedó cajoneado por ahí.
El argumento de un integrante de la lista Blanca, de un dignísimo magistrado que compartía con nosotros la Cámara, y que estoy seguro que está arrepentido de lo que dijo, era que promover eso, que los jueces tuviéramos que hacer declaraciones juradas patrimoniales era tanto como presumir que se pudiera sospechar de los jueces, y los jueces somos insospechables. El dijo eso por una deformación cultural. Estoy seguro porque lo conozco bien que está muy arrepentido. Por eso creo que es una cuestión de mentalidad y no me extraña que la lista Azul siga cosechando un porcentaje medianamente bajo de votos, porque creo que la mayoría responde a una concepción de la justicia como una corporación a la cual se pertenece, y que diferencia a la gente del resto de la sociedad, y la justicia no puede ser mas que el reflejo de la sociedad, de la comunidad en la cual está inserta.

Dju: En las últimas elecciones algunos integrantes de la Lista Azul se quejaron porque se hablaba de ella como la lista del Frepaso por un lado, y por otro sintieron que debían cargar con el desgaste del primer año del gobierno de la Alianza y eso ahuyentó votos...

MGC: Eso no es nuevo. En el año 87 durante unas elecciones en las que nosotros logramos la integración, hubo una manipulación confesamente efectuada, porque fue planteado después en el Consejo por un integrante de la lista Blanca, donde salió una nota periodística en la que se aseguraba que el por entonces secretario de Justicia (Enrique) Paixao alimentaba con fondos la lista Azul que era tributaria del gobierno radical, lo cual era un disparate total. Esto salió cerca de las elecciones y motivó una carta abierta que yo le mandé al que fue electo presidente, el doctor Caviglione Fraga, con el cual mantengo desde entonces una disidencia de posturas total. El día de las elecciones él publico un reportaje donde decía que la lista nuestra estaba vinculada a partidos políticos. Y sin embargo allí existía el más absoluto pluralismo porque allí había peronistas y radicales; gente de la izquierda y algunos de la derecha por cuya incorporación nos criticaron. Era nuestra primera elección y nosotros en tren de apertura desconocíamos esos antecedentes que yo no sé si eran validos o no, pero que mucha gente criticó y que inclusive nos costó votos. Así que esto del vínculo con los partidos no es novedoso ni creo que haya decidido ninguna elección, a lo sumo sí algún porcentaje. Me parece que la Justicia sigue teniendo esa concepción corporativista y conservadora de diferenciación, con honrosas excepciones. Es más, sigue existiendo la concepción de castas, pero está cada vez más fisionada por la realidad.

Dju: Al margen de la interna de la Asociación, ¿el Encuentro de Juecesfue un intento que ya terminó?

MGC: Esa es una muy buena pregunta porque sigue vivo en el espíritu. Encuentro de Juecesno fue una estructura orgánica, fue y es un espacio de reflexión porque muchos de nosotros nos seguimos viendo y seguimos pensado lo mismo. Era un lugar donde nos sentábamos sin otro requisito que compartir esa idea abierta, progresista llamemosló, sin resultar pedantes o hasta excluyentes. Digamos que era abierta, pluralista y de discutir sin segundas intenciones o apetencias concretas aspectos vinculados a la realidad judicial. Esto funcionó muy activamente en torno a la Reforma Constitucional y al Consejo de la Magistratura, al tema de las declaraciones juradas y otros proyectos, y en este momento algunos integrantes del Encuentro de Juecesfueron promovidos y designados en cargos vinculados al gobierno. No hay una actividad notoria, pero sí nos seguimos reuniendo.

Dju: Además de la Reforma y el Consejo ustedes también fijaron posición en torno al tema del traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires...

MGC: Con respecto a ese tema creo que ya hemos dicho todo lo que se podía decir. A titulo exclusivamente personal pienso que el debate jurídico en torno al traspaso está agotado. Lo que opinan los que se oponen como los que estamos absolutamente a favor del traspaso como manera única y obvia de concretar la autonomía jurisdiccional que le atribuye la constitución a la ciudad de Buenos Aires está agotado. Esto me hace pensar que la única manera de evitarlo es decretar inconstitucional la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el articulo 129 de la Constitución Nacional. Lo jurídico está agotado; esta es una cuestión política. En eso la Asociación de Magistrados tiene una postura beligerante que representa a la mayoría, porque hay una minoría que está en contra, y que esos comunicados que sacan responden exclusivamente a una idea corporativa.
Además, creo que la no concreción del traspaso causa un detrimento institucional enorme y que en definitiva responde a que, según mi opinión, perder el aditamento de “nacional” a mucha gente le parece pasar a ser municipales. Yo integré muchos años la Justicia de la Capital Federal y siempre tuve en claro que era el equivalente a ser un juez provincial y yo no creo que ser juez de la provincia de Buenos Aires, de la de San Juan o la de Tierra del Fuego sea un demérito. Lo que si es cierto que el traspaso debe hacerse de una manera ordenada, evitando que se produzca un quiebre institucional, y se asignen los recurso. Esta guerra de guerrillas no sirve. A la ciudad de Buenos Aires no les preocupa porque todos saben que la autonomía tiene que ser plena. En su momento una mayoría legislativa circunstancial provocó la llamada Ley de Garantías o Ley Cafiero, que como nos dice la Constitución viene a resguardar los derechos del Estado Nacional en tanto la Ciudad de Buenos Aires siga siendo capital de la Republica, pero los derechos del Estado Nacional no se ven afectados porque la Justicia sea de la Ciudad de Buenos Aires y no la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, para mi es una cuestión de rótulos.

Dju: A la luz de todo ese proceso que antes describió, ¿cómo ve al Consejo de la Magistratura durante su primer año de funcionamiento?

MGC: Creo que las dificultades por las que atraviesa el Consejo, sobre todo el enorme recargo de tareas creo que es consecuencia de los cuatro años y medio de atraso en la sanción de la ley para su puesta en funcionamiento. Si se hubiesen cumplido los términos de la Constitución; si la Ley del Consejo de la Magistratura se hubiese dictado dentro del término de la cláusula transitoria décimo tercera, en los plazos razonables que se preveían, no se hubiese acumulado la enorme cantidad de cargos vacantes que ahora tiene que proveer el Consejo, con las complicaciones inherentes al tema de los concursos. Probablemente no hubiese dado lugar a tanto forcejeo y a tanta componenda sobre los equilibrios de los poderes, o sobre las facultades de consejo o de la Corte. Ahora es un parto trabajoso y una infancia difícil. Yo soy optimista.

Dju: Ya que lo menciona, ¿cuál es su opinión en torno a ese debate a esa disputa entre el Consejo y la Corte?

MGC: Yo siempre he sido muy reticente en cuanto a otorgarle espacio no jurisdiccional a la Corte. Creo que además desde el punto de vista político la Corte viviría mucho mas feliz si no tuviese responsabilidades de superintendencia, si la Corte se dedicase exclusivamente a dictar sentencias, que es además su función prominente. Dicho de otra manera, si los ciudadanos comunes supiesen cabalmente sobre el tiempo enorme y el costo que tiene la actividad de superintendencia por parte de los tribunales superiores y en particular las Cámaras de Apelaciones, los Tribunales Superiores de Provincia y la Corte en particular se asustarían mucho, porque en realidad insume una cantidad de esfuerzos, de recursos y sobre todo de tiempo de los magistrados que están para juzgar los asuntos más importantes que hay en el seno de la Sociedad.

Dju:¿Esto quiere decir que las atribuciones del Consejo de la Magistratura estuvieron bien definidas de entrada y el debate con la Corte vino luego?

MGC:Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa que esto llevó cuatro años y pico de forcejeos hasta el dictado de la Ley, su puesta en marcha y ahora estamos pagando las consecuencias de esa demora, por lo cual es trabajosa la evolución de este Consejo. Yo creo que hay que ser optimistas y espero que en un tiempo no demasiado lejano esto se equilibre, que se supere este cuello de botella de la selección de candidatos donde se han acumulado tantos cargos y vayamos volviendo a la normalidad.

Dju: Ahora la cuestión del Consejo como tribunal de disciplina de los jueces y la Comisión de Acusación como caja de resonancia política ¿estuvo pensada de esa manera por los constitucionales?

MGC: Yo creo que sí porque mucho de nosotros nos habíamos interesado en ver como funcionaban las instituciones en otros países que se habían modernizado siempre pensamos así. Es cierto que el Consejo tiene un cierto porcentaje de representación legislativa y con una tintura política notoria, pero mucho más lo tiene el sistema de la Constitución del 53 a través del Senado. Además que la designación de jueces se transformase en moneda de cambio de ciertas negociaciones políticas en el Senado era una realidad, esto de alguna manera con un sistema más plural en cuanto a la conformación -no quiero ser ingenuo y decir que no haya componendas políticas o haya negociaciones en el seno del Consejo- se ha atemperado y lo deseable es que lleguemos a un sistema más transparente y mas respetuoso de la garantía de idoneidad posible que es lo que la ciudadanía reclama, porque quiere tener funcionarios y ciudadanos activos, eficientes, idóneos, transparentes, útiles y honestos pero especialmente lo quiere en materia de Jueces.

Dju: ¿Usted coincide con Gil Lavedra de que los problemas de la justicia no pasan sólo por una cuestión presupuestaria sino por una mejor reasignación de los recursos existentes?

MGC: En principio coincido, pero también hay una cuestión presupuestaria. Creo que aún con fondos escasos se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero de todas maneras creo que las reducciones presupuestarias, los recortes y ajustes que afectan a ciertos servicios esenciales necesariamente tienen que provocar problemas de funcionamiento, y me parece que el presupuesto judicial hace demasiados años que es objeto de recortes, es uno de los ámbitos que con mayor facilidad se aplica la tijera. Y esto no pasa exclusivamente por el tema de los sueldos. Yo creo que los jueces somos funcionarios muy bien pagos, así que no creo que pase por el tema de la remuneración de los jueces, quizás si por la necesidad en ciertos fueros de mayor número de cargos para la atención con mayor celeridad de los asuntos, hay fueros que están absolutamente superados como el Penal, la justicia correccional ha colapsado.

Dju: Pero aún con ese presupuesto escaso se planteaba una reforma judicial más amplia y la creación de nuevos fueros como el Penal Tributario que tiene aprobación parlamentaria, pero ¿parece haberse muerto en el intento?

MGC:A mi nunca me han gustado los fueros especiales porque del mismo modo podríamos tener “Penal Terrorista" o "Penal Patrimonial", pero si creo que en la justicia Penal que es la que más conozco hay ciertos sectores, fueros que está absolutamente superados. Cuando esos asuntos no pueden ser atendidos de manera razonable y decente ese servicios es un servicio que no se presta y provoca toda clase de consecuencias indeseadas, en particular el descreimiento de la sociedad en el sistema de justicia. Yo no creo que la Justicia pueda resolver todos los conflictos de la sociedad, y soy muy escéptico sobre la justicia penal en particular, pero sí pienso que ese servicio tiene una función que si no se presta se canalizan los conflictos por otra vía. Por eso debería existir un mayor número de tribunales, una mayor reasignación de recurso y eso con las podas no se soluciona.

Dju: ¿Cómo ve usted los planteos sobre el endurecimiento en materia penal que se plantea en la Provincia de Buenos Aires, respecto de determinadas penas? ¿No es un tanto desordenado si no existe un ámbito de discusión sobre los fundamentos de esa necesidad?

MGC:Totalmente. Yo creo que sobre esto se funciona de manera más o menos espasmódica y no hay un debate por lo menos que trascienda, porque sí hay un debate en los ámbitos académicos, hay mucha cosa que se dice y se escribe con serenidad, pero esto trasciende poco. Toda la cuestión sobre mayor rigurosidad penal, de mayor incidencia de las penas como panacea a los problemas sociales, no se debate seriamente en el ámbito que debería hacerse. El ámbito académico es restringido y sería bueno una discusión social más amplia. En el Congreso de vez en cuando se han hecho algunos buenos intentos como es el caso de la Ley del Arrepentido y la ley de Drogas, donde las comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales convocaron a algunas personas a opinar sobre el tema y esto sería bueno, que como por ejemplo el Congreso retomara el sistema de audiencias públicas. Hay que lograr despegar del inmediatismo. Una de las cosas que nos falta como sociedad es superar la angustia del día de hoy, pensar un poco más a largo plazo.