De esta manera, la petrolera española que compró a la argentina YPF comenzó a dar una dura batalla para entrar en el mercado de la electricidad. Según su postura, la operación estaría vulnerando la denominada Ley Eléctrica. Sus argumentos fueron incluidos en el expediente de la fusión que tramita ante el tribunal, que tendrá que emitir un dictamen no vinculante (es decir que no es obligatorio para el Gobierno) antes del próximo miércoles para que el Ejecutivo –a través del Ministerio de Economía- tome una decisión en el plazo de un mes.
Los nueve miembros del TDC están divididos. Entre los documentos que sopesan figuran las alegaciones contrarias a la fusión presentadas por Repsol YPF y las de la Asociación Nacional de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica (AEGE). Las dos partes consideran que la concentración es “ilegal”, y además de solicitar al Tribunal que recomiende su “prohibición”, lo exhortan para que advierta al Gobierno de España de las consecuencias que puede tener la aprobación de una operación de “ilegalidad manifiesta”.
Repsol, que parecía conformarse con comprar los activos que desechase la entidad fusionada, descubrió sus verdaderas intenciones y lanzó un ataque frontal en toda regla, según información publicada en el diario español El País. “El TDC debe advertir al ministro de Economía sobre la ilegalidad de una eventual decisión de aprobación de la operación, con condiciones o sin ellas”, dice el escrito presentado por Repsol YPF.
La AEGE, por su parte, estima que la fusión vulnera de manera frontal el artículo 16 del Real Decreto-Ley 6/2000, “por lo que su realización, sin que previamente se haya modificado o derogado dicha norma, sería o supondría un acto ilegal y, por consiguiente, nulo”.
Ambas partes explican que la unión de las eléctricas, que hoy tienen una cuota del 80 por ciento de producción, va en contra de la medida adoptada en junio, que prohíbe que los operadores que posean más del 40 por ciento de la potencia instalada en el territorio peninsular puedan aumentarla en cinco años.
Ni Repsol ni la AEGE consideran que se vaya a cumplir este requisito. Y es que la segunda línea de argumentación en la que coinciden es que las eléctricas no han notificado realmente al TDC ningún plan de cesión de activos (PCA), lo que impediría cualquier evaluación de los efectos que sobre la competencia puede tener la operación.
Por eso, Repsol YPF no sólo pide al TDC que rechace la fusión “en los términos más enérgicos” sino que tras 56 folios de argumentación, le insta incluso a que, ante la ausencia de la cesión de activos, se abstenga de emitir un informe sobre la operación, “recomendando su prohibición en razón de esta limitación o deficiencia formal de la notificación”.