Según trascendió de fuentes tribunalicias, un fiscal neuquino, Raúl Gaitán, prometió negociar tras el receso judicial de verano con los magistrados “rebeldes” (64) que realizaron dicha demanda con el objetivo de obtener un aumento salarial. Los magistrados demandaron a la provincia del Neuquen por recibir una parte de sus salarios, “en negro”. Sin embargo desde el gobierno provincial se dijo que la legislatura había aprobado una ley para “blanquear” esa suma, por lo que el conflicto había sido arreglado en un principio. Esta situación se vería agravada en torno a que algunos de estos magistrados pretenden llegar a un acuerdo extrajudicial con el Estado neuquino, para obtener una parte de los 8 millones de pesos que reclaman.
Los 64 jueces piden que el blanqueo de una suma en negro que vienen cobrando desde 1991 signifique el descuento de los aportes de ley sobre esa porción del salario, pero también la suma de las bonificaciones, como zona desfavorable y antigüedad. En total, reclaman una deuda retroactiva de casi 8 millones de pesos.
El secretario general del sindicato de los empleados judiciales, Jorge Izquierdo, señaló que el Estado debe evitar que la demanda prospere con los años y la suma reclamada se transforme en una cantidad mucho más grande. Y puso como ejemplo el juicio que un grupo de magistrados inició por la intangibilidad de sus ingresos durante la hiperinflación, que comenzó como una exigencia de 600.000 pesos y terminó con una sentencia por 18 millones.
Aparentemente el problema se desató cuando el Tribunal Superior de Justicia dispuso que los jueces jubilados debían cobrar sus haberes con el proporcional de esa suma extraordinaria. Ello significó la obligación de que los magistrados en actividad comenzaran a aportar por esa porción del salario, lo que habría reducido su nivel de ingresos amenazando la intangibilidad de sus retribuciones.
La Asociación de los Jueces, el Tribunal Superior, los empleados judiciales, el gobierno y los diputados elaboraron un esquema de modificación de la ley salarial de la justicia que los legisladores sancionaron, con ciertas modificaciones, a mediados de diciembre de 2000.
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