Tal como informó Diariojudicial.com el viernes pasado, el Defensor del
Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Elio Brailovsky, el director del
Ente Regulador de los Servicios Públicos local, José Luis Di Lorenzo, y cuatro
legisladores porteños de Nueva Dirigencia denunciaron el viernes pasado al presidente
Fernando de la Rúa y a varios miembros de su Gabinete por haber cometido los
delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y desobediencia
al firmar el decreto de necesidad y urgencia para la reforma previsional.
Acompañando la denuncia, que quedó en manos del juez federal Jorge Luis Ballestero
y que incluye también al Fondo Monetario Internacional por el delito de extorsión,
Di Lorenzo redactó un informe en el que analiza los efectos que, según su visión,
tendrá la misma. Diariojudicial.com tuvo acceso al trabajo del director
del Ente Regulador de los Servicios Públicos y profesor de Seguridad Social
en la Universidad de Buenos Aires y hoy lo publica en forma completa como Nota
de Fondo.
"El delito a todas luces violenta derechos y garantías amparados constitucionalmente:
el derecho a la seguridad social, a beneficios irrenunciables y móviles, a la
igualdad y a la propiedad. Es lamentable que el Gobierno siga ajeno a las necesidades
sociales y convierta a los derechos en enunciados vacíos", dijo Di Lorenzo al
analizar la constitucionalidad de la iniciativa presidencial.
Además, en tono de denuncia, Di Lorenzo explica que el único beneficiario de
la reforma del sistema previsional será el sector financiero: "Queda claro que
existe un excluyente beneficiario: el sistema financiero, que se apropia de
comisiones y seguros de nivel confiscatorio (44.73% del aporte del trabajador)
lo que le ha permitido obtener 8.721 millones a la fecha, suma que se incrementará
obviamente por la total absorción del sistema previsional argentino, que sigue
siendo el objetivo deseado; la que podrían duplicar si logran ser eficientes
en la recaudación".
Respecto de la acusación al Fondo Monetario y a varios de sus funcionarios por
extorsionar a los políticos argentinos a la hora de tomar las decisiones, Di
Lorenzo afirmó que "ningún argumento de la hipotética exigencia de los organismos
internacionales puede considerarse fundamento suficiente para apartarse del
principio republicano de poderes".
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