05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

No aplicarán beneficios a presos en huelga de hambre

Además se dispuso el establecimiento de un hospital de campaña en el penal de Villa Devoto en prevención de una potencial descompensación masiva de internos si se agrava la situación.

 
Mientras que el 37 por ciento de la población carcelaria federal continúa en huelga de hambre en reclamo de la agilización de los procesos penales, la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios decidió no aplicar en las prisiones que mantengan las medidas de protesta el recientemente reglamentado sistema de recompensas a los reclusos que establece la ley de Ejecución Penal.

Al mismo tiempo, el Sistema Federal de Emergencia (Sifem) dispuso el establecimiento de un hospital de campaña en el penal de Villa Devoto –el seno del conflicto- con capacidad para atender a 300 internos, en prevención de una potencial descompensación masiva de presos. Medidas similares fueron recomendadas al resto de las cárceles del Sistema Federal.

Además, fuentes confiables aseguraron a Diariojudicial.com que la huelga de hambre se ha extendido a cárceles provinciales en Córdoba, Catamarca, Mendoza y a la de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Aunque voceros de la cartera de Justicia bonaerense desmintieron la información y sugirieron que desde la Nación pretenden compartir responsabilidades.

Juan José López Murphy, coordinador del Sifem, dijo a este medio que “se están elaborando planes de contingencia ante un posible agravamiento de la situación, ya que el Servicio Penitenciario Federal está preparado para dar respuesta sanitaria ante parámetros normales”.

Ante la posibilidad de que una importante cantidad de presos entre “en estado crítico”, López Murphy aseguró que se analizaron dos posibilidades: “el traslado del interno o ampliar la atención en los penales a condiciones “de campaña”. Esta última es la decisión tomada hasta el momento.

Durante el día de hoy, el Sifem se estableció en Devoto para realizar una evaluación “in situ”, ya que el penal porteño “es el que podría generar un colapso de mayor envergadura”.

Del operativo participan el SAME, el Ministerio de Salud, y el de Interior, a través de las direcciones de sanidad de las distintas fuerzas de seguridad, según López Murphy, “con mayor despliegue para encaminar los planes contingentes, para poder hacerlo más expeditivamente, aunque no se trata hasta el momento de una situación más que preventiva”.

En cuanto a la participación en la reunión de ayer del Estado Mayor Conjunto, López Murphy explicó que la participación de los militares “es una reserva, porque tienen otra capacidad de personal, pero sobre todo de medios, como sucedió en la emergencia meteorológica de Guernica”. De todas formas el coordinador del Sifem dijo que la intervención militar es “objeto de consideración, con la tranquilidad de un Gobierno que está trabajando homogéneamente”.

Por otra parte, el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Álvaro Ruiz Moreno, tomó la decisión de no implementar en los nueve penales –sobre un total de 33- en que se mantiene el ayuno el recientemente reglamentado artículo 105 de la ley de Ejecución Penal. Esto significaría que los presos no serán recompensados con varios beneficios que establece el decreto, entre ellos el de una mayor cantidad de visitas ante la buena conducta.

No negociar

Para explicar el impresionante despliegue montado por el Gobierno ante la huelga de hambre, tanto López Murphy como Ruiz Moreno coincidieron en que responde a la “irreversible decisión del Ministerio de Justicia de no negociar con los presos”.

Ambos también estuvieron de acuerdo en que se trata de “factores estacionales”, y en que no hay ningún complot electoralista de fondo. En otras palabras, aseguran que durante los meses de verano es común que surjan protestas de los presos en busca de reivindicaciones. Según Ruiz Moreno, los reclamos de agilización de los procesos “tienen una base justa, aunque los medios de la protesta son ilegítimos”.

El funcionario de la cartera de Justicia hizo hincapié en que se trata de una huelga “muy sui generis”, ya que “no se ha cortado la entrada de comida por medio de las visitas de familiares, ni se ha impedido el envío de paquetes con alimentos entre pabellones que siguen con el ayuno y otros en los que se ha levantado”. Además, advirtió que muchos de los internos participan de las medidas de protesta un día y otro no.

Al cierre de esta edición, eran 2711 –sobre un total de 7244- los presos reticentes a la ingesta de alimentos, manteniéndose en el 37 por ciento registrado durante los últimos tres días. El único cambio notorio se dio en la cárcel de mujeres de Ezeiza, donde 130 internas se sumaron a la huelga de hambre.

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dju / dju
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