El abogado de Cavallo, José Scelzi, había solicitado que se reclame al Ministerio de Relaciones Exteriores de México que suspenda la extradición pedida por los crímenes de genocidio, torturas y terrorismo.
Además de la habilitación de la feria, la defensa del militar argentino detenido por Interpol en Cancún solicitó la notificación a las autoridades de México de que en Buenos Aires existe una causa en la que se busca imponer la jurisdicción argentina para juzgar a Cavallo.
En realidad, Scelzi se refirió a una presentación efectuada en noviembre en la que pidió la extradición a la Argentina y la competencia de los tribunales locales basándose en la “soberanía nacional”, ya que los delitos fueron cometidos en el país.
Bagnasco, en un principio, se había declarado competente, pero la oposición de los fiscales Paulo Starc y Guillermo Montenegro, que se opusieron y apelaron, provocaron que el expediente sea elevado a la Cámara.
Este mes, el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano concedió la extradición de Cavallo, por lo que solamente falta que la Cancillería de ese país tome una medida similar. De todas formas, el ministro Jorge Castañeda –un intelectual reconocido internacionalmente- advirtió que respetaría la decisión de la Justicia.
Al rechazar la habilitación de la feria, Bagnasco consideró que no se trata de una cuestión que no admita demora, por lo que postergó la resolución sobre el objeto del planteo de la defensa.
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