Pese a que los representantes del ministerio público no se reincorporaron a sus tareas y que el plazo para apelar la falta de mérito vence el lunes de la semana próxima, fuentes judiciales coincidieron en confirmar la apelación que había sido anticipada por Freiler y Delgado el último día hábil de diciembre, cuando se conoció la resolución de Liporaci, quien no encontró elementos suficientes para procesar o sobreseer a los legisladores involucrados.
Liporaci también había decidido en esa resolución citar a su despacho al ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando De Santibañes, y al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
Precisamente, los fiscales apuntarán su apelación a sostener que el dinero con el que se habrían pagado los sobornos provendrían de las cuentas reservadas de la SIDE y que al menos siete de los legisladores imputados deberían ser procesados por existir elementos incriminatorios en su contra.
La apelación de los fiscales llegará a la Sala Primera de la Cámara Federal, mientras que en forma simultánea el Frepaso y el cavallismo afilan sus uñas con la intención de reflotar la causa de mayor trascendencia del año pasado, que provocó movimientos sísmicos en el Senado e indirectamente fue motivo de la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez.
Según admitieron voceros del Frepaso, esa fuerza que integra la Alianza gobernante, le sugerirá a los fiscales que reclamen el entrecruzamiento de datos entre la causa principal a cargo de Liporaci y la que por el presunto enriquecimiento ilícito de los senadores lleva adelante el juez federal Adolfo Bagnasco, en particular sobre aquellos referidos a las cuentas bancarias de los legisladores. En esta última causa, el fiscal Paúl Starc impulsa una investigación en base a las declaraciones juradas de los senadores a partir de 1992.
También, según las mismas fuentes, le requerirán que insistan en un careo entre el senador justicialista Antonio Cafiero y su par correntino Ángel Pardo, una medida que nunca se concretó.
Por su parte, Acción por la República aguardaría que los fiscales apelen, ya que en caso de no hacerlo reclamarían la intervención del Procurador General Nicolás Becerra para que aparte a Freiler y Delgado de la investigación. El cavallismo, según una versión conocida hoy, también impulsaría en el Consejo de la magistratura que se acelere el trámite de juicio político contra Liporaci.