La causa fue iniciada por una denuncia del empresario gastronómico José Luis Orrico, que asegura que fue discriminado en el otorgamiento de varias licitaciones, por las que también está imputado Héctor Lombardo, otrora secretario de Salud de la Ciudad. Orrico también acusó a Adalberto Rodríguez Giavarini, de Hacienda, y a Fernando De la Rúa, entonces a cargo de la Jefatura de Gobierno por haber firmado el decreto 225/96, por el cual se retuvo al empresario el 30 por ciento de una deuda, que equivaldría a dos millones de pesos. La justificación del reglamento habría sido la de reducir los sobreprecios de las gestiones anteriores.
Orrico planteó cierta sistematización en el modo de contratar y aseguró a Diariojudicial.com que “las empresas que ganan las licitaciones son siempre las mismas” e indicó que “por ejemplo, ganó una licitación una empresa que tenía como razón social la recolección de basura, y le daba de comer a los enfermos”.
Según el empresario gastronómico, que desde hacía 20 años que trabajaba siempre con licitaciones con el sector público, las empresas beneficiarias son las que pedían más dinero, y sugirió que esa diferencia podría ser destinada a “retornos” a los funcionarios.
La orden de indagar a Felgueras fue dada por la sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a cargo de los jueces Alfredo Barbarosch, Eduardo Valdovinos y Guillermo Navarro. La funcionaria tendrá que explicar porqué firmó contratos por precios mayores a los de los pliegos, mientras que había ofertas más baratas.
Según el denunciante, quienes también estarían involucrados serían Juan Carlos Storani y Ricardo Hugo Nosiglia, que habrían integrado la comisión de preadjudicación y no habrían seguido los procedimientos legales al pie de la letra.