La denuncia por presunta malversación de caudales públicos de la SIGEN. se efectuó a fines del año pasado y está referida a unos 22 millones de pesos que fueron retirados y depositados en distintas cuentas de la Secretaría de Inteligencia. Becerra se amparó en el "secreto de Estado" para no proporcionar la información requerida por el juez, al sostener que "es el presidente el único que me puede revelar de ese secreto", según confiaron fuentes judiciales. Sin embargo, los voceros indicaron que el funcionario aportó importantes elementos referidos a la "metodología del funcionamiento sobre el manejo de fondos" que deberá evaluar ahora el juez Urso.
En hora de la mañana Becerra había pedido declarar por escrito, lo que le fue denegado por el juez quien sostuvo que su rango no está contemplado por el código para gozar de ese beneficio, y que dada la trascendencia de la causa debía hacerlo personalmente. En el marco del escándalo desatado en torno al presunto pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la Reforma Laboral, De la Rúa autorizó por decreto a revelar el movimiento de dos cuentas secretas, ante la sospecha de los fiscales y la acusación que el dinero había salido de las mismas.