El volante basó su demanda en considerar limitado su derecho al trabajo en España, pese a ser residente legal.
Si la sentencia le resultara favorable, ningún deportista argentino con permiso de residencia en España podrá seguir siendo considerado extranjero en sus equipos. La demanda se ampara en el artículo octavo del Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina, publicado por el Boletín Oficial del Estado el 28 de agosto de 1989.
En el acuerdo firmado por ambos gobiernos se establece el carácter de igualdad que debe existir entre los trabajadores de ambos países, siempre que estén en posesión de su correspondiente tarjeta de residencia.
Según el texto del acuerdo: "...cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia o de trabajo necesarios para el ejercicio de dichas actividades".
Ibagaza, de 24 años, inició el pasado año los trámites para conseguir la nacionalidad italiana, gracias a la ascendencia de su esposa, y dejar de esta forma de ocupar plaza de extranjero en el fútbol español.
El jugador se incorporó en 1998 al Mallorca. Antes jugaba en el club Lanús, donde militó desde 1995.
En España, como en el resto de los países de la Unión Europea se limita el número de extranjeros que pueden militar en un equipo deportivo para garantizar oportunidades a los jugadores locales.
El caso de Ibagaza podría desatar otra revolucionaria sentencia en el mundo del fútbol, pues el año pasado el ruso Valeri Karpin, del Celta de Vigo, dejó de ocupar plaza de extranjero y comenzó a ser considerado comunitario tras el veredicto de un tribunal. Karpin basó sus argumentos en un tratado de amistad y cooperación similar suscrito por Rusia y España y el tribunal lo consideró ciudadano comunitario B (perteneciente a un país del Este que tiene firmados diversos acuerdos con la Unión Europea en materia laboral y económica)