Así, la Cámara hizo propios los argumentos del juez de instrucción Raúl Irigoyen contra Pedro Fernández Sanjurjo (titular de la Subsecretaría), Oscar Juan Di Virgilio (Director General Adjunto de Policía Municipal), Héctor Ares (Jefe de Vía Pública), Osvaldo Gomila (Director de Especiales), los inspectores Carlos Cassini, Fernando Crosta, Héctor Ares, y Mario y Daniel Nana. Relacionados con la Dirección de Habilitaciones y permisos, también fueron ratificados los procesamientos de Jorge Pagnotta, José Corrarello, Gustavo Brizuela, Miguel Carlucci, Eduardo Jaramillo, Guillermo Peña, Mario Zárate y José Iuliano.
La investigación se inició cuando el diputado Guillermo Francos, en ese entonces designado por el intendente Saúl Bouer al frente de la Subsecretaría de Inspección General, denunció los presuntos actos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que lo habían precedido.
La red extorsiva funcionaba ante la imposibilidad de que los interesados pudieran cumplir con las ordenanzas y las reglamentaciones vigentes, “circunstancia que los colocaba en un virtual estado de indefensión, aprovechado sistemáticamente por los agentes infieles”.
Francos había recogido versiones que recibía de los contribuyentes y denuncias anónimas que, sumadas a su propia investigación, señalaban la existencia de un sistema de cobro semanal, que oscilaba entre los cuatro y diez mil pesos, a cambio de protección de los vendedores ambulantes de Once, Retiro, Constitución, Pompeya y Chacarita.
El arquitecto Atilio Alimena, responsable de la Policía Municipal bajo las órdenes de Francos, aseguró al testimoniar en la causa que era “sumamente dificultoso erradicar la venta ambulante ilegal porque los operativos fracasaban siempre”, porque los vendedores recibían los avisos que les permitían escapar de la zona que iba a ser supervisada.
Según Irigoyen, casi todos los imputados -ahora procesados- poseían entre 1992 y 1994 teléfonos celulares “con frondosos resúmenes de facturación” difíciles de afrontar con el salario de un funcionario o empleado municipal, “circunstancia que demuestra cómo funcionaba esta organización delictiva, cuyos integrantes necesitaban mantenerse permanentemente en contacto”.
Por ejemplo, el inspector Daniel Nana no pudo explicar porqué se hallaron en su domicilio particular un talonario de la Dirección Administrativa de Infracciones, 29 fajas de clausura, planillas de parte diario de inspecciones en blanco y solicitudes de licencias en blanco.
Entre otros elementos probatorios que destacó el magistrado se encuentra la demanda de divorcio de la esposa de Pagnotta, en la que la mujer describió la forma en la que aumentó el patrimonio del funcionario tras iniciar actividades “dentro del ámbito de empleados municipales junto a un amigo suyo: Mario Zárate”, también procesado.
Irigoyen estimó que hasta ahora no puede determinarse quién es el jefe de la asociación ilícita instalada en la Subsecretaría, ya que un cargo en la repartición puede no coincidir necesariamente con las funciones en la estructura clandestina.
Por otra parte, Iuliano, Jaramillo, Peña, Fernández Sanjurjo y Pagnotta fueron procesados por el delito presunto de enriquecimiento ilícito, decisión también ratificada por la Cámara.