En la reunión plenaria de la Comisión de Acusación, el diputado frepasista Pablo Fernández propuso citar por el artículo noveno a los integrantes del Tribunal. Sin embargo, los consejeros Miguel Angel Pichetto y Fermín Garrote sostuvieron que lo correcto sería desestimar la causa que pesa contra los camaristas. Garrote agregaría su posición al dictamen elaborado por Pichetto, quien sostuvo que los camaristas ya comparecieron en su oportunidad ante el cuerpo, y que “la cuestión se limita a una discrepancia de los denunciantes con la decisión de la Cámara que actuó en el marco del razonable ejercicio de su función jurisdiccional, sin que se adviertan errores o excesos en el ejercicio del ministerio legal”.
Pichetto señala en su dictamen que “la Sala I decidió que la causa sea nuevamente sustanciada y fallada por otro tribunal oral, posibilitando una nueva producción de pruebas con observancia de las normas constitucionales, procesales y la correcta aplicación de la ley sustantiva”.
El diputado Fernández mantuvo su posición de citar a los camaristas y señaló que el fallo había “desvirtuado la función casatoria” y que el juez Bisordi tuvo un “comportamiento irrespetuoso” cuando fue citado por el artículo séptimo del reglamento de la Comisión de Acusación. En tanto, el abogado Gersenobitz explicó que en este momento la causa está en estudio en la Corte y que habría que solicitar un informe acerca del estado de la misma, al tiempo que coincidió con la declaración del juez Rodríguez Bavilbaso, quien en su oportunidad reconoció que “hubo expresiones que estuvieron de más”, en el fallo de la Cámara. Gersenobitz aconsejó postergar el análisis de la citación de los magistrados hasta tanto contar con el informe de la Corte. También el diputado radical Carlos Maestro fue partidario de la solicitud al Máximo Tribunal de Justicia.
El fallecido presidente de la DAIA, y los vicepresidentes de dicha entidad realizaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por causal de mal desempeño contra los integrantes de esa Cámara.
Para los denunciantes los camaristas habrían excedido los límites de la competencia casatoria actuando como un tribunal de apelación, vulnerando las reglas inherentes al recurso de casación que impide revisar los hechos y las pruebas.
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