Sin embargo, la clave de los documentos que presentó el letrado, en 29 fojas, no son las declaraciones de los últimos tres señores cinco, sino las de los titulares de los dominios de 25 inmuebles que serían de la Secretaría de Inteligencia Del Estado, aunque están a nombre de cuatro empresas fantasma a las que además el organismo les paga alquiler.
Monner Sans alabó la tarea de Freiler y Delgado en una investigación “que hoy se quiere licuar”. “Algunos se hacen los distraídos. Otros, han salido a apostrofar la tarea a la que están obligados los fiscales por mandato de la ley y de la Constitución, endilgándoseles una suerte de mal desempeño en una función que tiene fundada esperanza: hacer coincidir lo que todos vivimos como la verdad real, respecto de la verdad judicial”, dijo el abogado.
El letrado recibió los documentos por parte de fuentes anónimas a las que consideró “bien informados”, y que recomendaron que se investigara un inmueble conocido como “Base Barolo”, en Avenida de Mayo 1370, que sería el domicilio de una sociedad denominada Instituto de Investigaciones Sociales SRL que habría realizado extraños movimientos bancarios, por lo que solicitó la pesquisa sobre los beneficiarios de los cheques a los que aluden esos movimientos.
Los 25 inmuebles, muchos de los cuales ni siquiera están en la Ciudad de Buenos Aires, no aparecen en el patrimonio estatal. De todas formas, una de las copias de un instrumento interno de la Secretaría que hoy recibieron los fiscales tiene la firma de Oscar Héctor Márquez, Jefe de la División Administración de la SIDE. De ser legítimos los documentos, allí se reconocería la propiedad de los bienes inmuebles.
Las sociedades que figuran en los papeles como las propietarias son Osgra Sociedad de Responsabilidad Limitada, Tiumayú Sociedad Anónima, Emcosud Sociedad Anónima y Amsud Sociedad Anónima.
Por otra parte, se corroboró que los directivos de Tiumayú son Juan José Gallea y Gabriel Mario Presa, ambos empleados del organismo de inteligencia, aunque no forman parte de la planta permanente.
Además, el domicilio social de Tiumayú, en Reconquista 672, coincide con el de un estudio de abogados que trabaja para la SIDE. Según aseveró Monner Sans en su escrito, sus fuentes le aseguraron que no existen contradocumentos que protejan el patrimonio del Estado.
Otro de los instrumentos da cuenta de una resolución firmada por de Santibáñes, del 9 de marzo del año pasado, en la que se establece que la sociedad de responsabilidad limitada Osgra habría sido una empresa fantasma, “utilizada para mantener a cubierto determinadas actividades propias de su misión y funciones que hacen a la seguridad nacional”, según el documento que firmó el ahora ex jefe de la SIDE e íntimo amigo del presidente Fernando de la Rúa, con lo que confirmaría desde otro ángulo que se trata de patrimonio estatal.
Por otro lado, hay una fotocopia que parece ser la autorización para la constitución de Tiumayú SA, que tiene por objeto social “inversora, financiera e inmobiliaria”, y donde aparece una firma que dice Fernando de Santibáñes. Allí dice: “la sociedad cuya creación por la presente se propicia, no realizará ninguna operación comercial, movimientos de fondos que no sean los de administración común y normal, transacción, ni todos cuantos más actos impliquen erogaciones extraordinarias, si no cuentan con la expresa autorización del suscrito”. Es decir, de Santibáñes.
El abogado sugiere que el texto transcripto en el párrafo anterior deja intencionalmente en un terreno ambiguo qué fondos se pueden mover bajo la cobertura de la Sociedad Anónima.
Monner Sans pidió a los fiscales que a su vez soliciten a la Sigen que se expida sobre la información recolectada, “señalando qué aspectos han podido conocer con motivo del control que deben ejercer respecto a movimientos contables”.
Según el letrado, el manejo incierto de los bienes de la SIDE impide confiar en las aseveraciones de los responsables del organismo de inteligencia, que aseguran que desde allí no ha salido el dinero para pagar los presuntos sobornos.
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