04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Ampliaron la denuncia contra Bagnasco ante el Consejo de la Magistratura

Diputados de la Alianza ampliaron la denuncia contra el juez Bagnasco, por considerar sospechoso el incremento de sus bienes, lo que configuraría la causal de mal desempeño en sus funciones.

 
Los diputados aliancistas Atilio Tazzioli y Graciela Ocaña ampliaron ante el Consejo de la Magistratura una solicitud de juicio político presentada contra el juez federal Adolfo Bagnasco por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Los legisladores ampliaron el pedido de juicio político encabezado por la ex diputada Nilda Garré y otros diputados aliancistas por supuestas “irregularidades” que el juez Bagnasco habría incurrido en algunas causas que se tramitaron en su juzgado.

Esta vez, Tazzioli y Ocaña pidieron que sean reconsiderados los alcances de la investigación por enriquecimiento ilícito del magistrado aportando nuevas pruebas para probar “un notable incremento patrimonial desde su designación en el año 1994 como juez federal hasta la fecha”.

Los diputados solicitaron al Consejo una serie de medidas, tales como:

- Que se tramite ante la Corte Suprema el pedido de las declaraciones juradas históricas, desde el ´94 en adelante, del juez Bagnasco y su esposa.
- Que se ordene a las empresas de tarjetas de crédito el detalle de los gastos por tarjeta que surjan de ambas declaraciones juradas
- Informes de la AFIP sobre Bagnasco. su mujer Andrea Raña y las sociedades Naturaler, El Naranjo y Mistral.
- Pedir a la empresa Tattersall el informe sobre el costo de alquiler y otros rubros contratados para la fiesta de casamiento del magistrado.
- Que los diseñadores Jorge y Horacio de la Cruz informen sobre el costo del vestuario de la novia y la factura de pago.
- Que el teatro Colón informe el costo de la presentación del conjunto de cuerdas de esa institución, que actuó en ocasión de la fiesta de casamiento antes citada.

Los denunciantes fundamentalmente sospechan del incremento del patrimonio de Bagnasco. Es por ello que señalaron una presunta “ambigüedad en los dichos a la hora de aclarar el origen y la evolución de su patrimonio” y la existencia de un volumen patrimonial que no corresponde con los ingresos y con los gastos y el nivel de vida del magistrado.

Los diputados también argumentaron que el magistrado no puede probar que haya tenido propiedades, o dinero en efectivo a cambio de ellas producto de la división de bienes, cuando de la propia sentencia de división de bienes surge lo contrario. También señalaron que debería verificarse el contenido de la declaración jurada de bienes presentada por el juez acusado ante la Corte Suprema de Justicia.

“En ese sentido, corresponde recordar que el juez Bagnasco a la luz de lo que surge como público y notorio, tiene un nivel de vida que nada podría ser asimilable a una conducta austera ni dedicada al ahorro. Basta para ello pedir informes a migraciones a efectos de registrar las salidas de él y su esposa juntos o separados, desde 1994 en adelante, a las tarjetas de crédito que posee, así como debería tenerse en consideración el altísimo costo que necesariamente tuvo la reciente fiesta de casamiento que fuera dada a publicidad por diversos medios periodísticos (según estimaciones el costo no habría sido inferior a los 50.000 pesos)”.

Los denunciantes manifestaron que “si sumamos la consideración del patrimonio que posee la esposa del juez, Andrea Raña, de ninguna manera estaría justificado por la posición salarial de la misma. En efecto, Raña se desempeña actualmente como secretaria letrada en la Corte Suprema de Justicia, cargo al que fue recientemente ascendida como culminación de una meteórica carrera judicial que arrancó en 1994 desde el cargo de Oficial Mayor (aproximadamente 1.500 dólares al mes con título) a la actualidad con el cargo de secretaria letrada de la Corte (aproximadamente 4500 dólares) cargo que desempeña desde abril del año en curso”. De esta forma los diputados argumentan que teniendo en cuenta la situación laboral de la mujer de Bagnasco “resulta imposible que la adquisición de los bienes que figuran a su nombre (adquiridos entre 1995 y 1997) haya sido realizada con recursos propios”.

De las propiedades, los legisladores también denunciaron que el magistrado deberá probar que pudo componer su patrimonio que se denuncia con lo habido en concepto del sueldo como juez nacional.

Un semipiso frente a la Embajada de Estados Unidos, cuyo valor de mercado sería de unos 600.000 dólares. Una oficina en Avenida Corrientes, con un valor de 36.000. Y también una cochera también en Avenida Corrientes por 40.000 dólares.

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dju / dju
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