Santos enmarco esas incorporaciones en una serie de medidas de "seguridad en el ámbito de la Justicia".
Ante una consulta, el jefe de los federales evitó opinar en forma directa respecto de la polémica Ley del "Dos por Uno" porque, según advirtió, "estamos para aplicar la Ley".
Sin embargo, admitió implícitamente que seria importante introducir una modificación en la norma -tal como sucedió en la tarde de hoy- al señalar que "cuando los ciclos de detención de una misma persona son cortos (porque son beneficiados por la ley del Dos por uno) hay que revisar la razón de esa circunstancia".
Santos se entrevistó con el presidente de la Cámara de Casación, Guillermo Tragant, con quien mantuvieron "una reunión que comenzó siendo protocolar y terminó siendo muy amigable", según graficó el propio magistrado.
Durante el encuentro se analizaron detalles del dispositivo de seguridad que se dispondrá para el juicio oral y público por la voladura de la AMIA. que comenzará en los próximos meses.
En tal sentido, explicó que el esquema de seguridad para el juicio será elevado a la brevedad "cuando les presentemos un trabajo muy detallado", en base a "un diseño que va a ser exclusivo de la Policía Federal".
Por otra parte, Santos aprovechó el diálogo que mantuvo con los periodistas acreditados en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para anunciar el comienzo de operaciones conjuntas con la Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el "cinturón" que rodea la capital federal "para contener y sacar a la superficie una gran cantidad de armas", en el marco de una campaña de prevención del delito.
Por último, hizo referencia a la decisión de desafectar a los efectivos retirados, conocidos como "convocados", que estaban destinados a la seguridad de los juzgados penales.
En ese sentido, hizo mención a una nota publicada semanas atrás por DiarioJudicial.com en la cual se trazaba un cuadro de situación acerca del tema, al sostener que a los "convocados" se les permite ahora "la posibilidad de que sean contratados como policía adicional sin estar afectados a las finanzas del Estado".
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