El presidente Fernando de la Rúa aceptó la renuncia que el juez federal Adolfo Bagnasco le había presentado personalmente hace dos semanas, mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial en el que advirtió que "no existe norma constitucional que limite" su atribución en ese sentido.
En términos similares a lo expresado en el decreto 246/01 por el cual De la Rúa aceptó la dimisión del ex juez federal Carlos Liporaci, el presidente ratificó que "no existe norma constitucional que limite la atribución Presidencial de aceptar la renuncia de Magistrados ni que regule algún supuesto de excepción, siendo el Presidente de la Nación, en cada caso, quien evalúa y decide sobre el particular".La singular redacción de ambos textos –donde se advierte la pluma del ex consejero Melchor Cruchaga- con características similares y referidas a jueces que asumieron durante el anterior gobierno, responde claramente a los reclamos que desde la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se formularon la semana pasada cuando le pidieron a De la Rúa que no acepte las dimisiones.
"La posibilidad de aceptarle la renuncia a Liporaci equivale a un indulto", aseguró el martes 13 un enojado abogado que integra la Comisión de Acusación del Consejo.
Esas afirmaciones contrastan con la interpretación que el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Alfredo Vítolo, hace de la decisión presidencial, ya que a su entender el resultado del Jury de enjuiciamiento, en caso de grave inconducta de un juez, es el mismo: su separación del cargo. “El Poder Ejecutivo tiene competencia para aceptar a renuncia a los magistrados” y “el Consejo no puede pasar por encima del Poder Ejecutivo”, señaló el consejero presidencial a
Diariojudicial.com.
Por mayoría de los integrantes de esa comisión, el mismo día se había aprobado un dictamen por el cual le reclamaban al presidente que no repita lo que hizo con Liporaci y con el juez de instrucción Pablo Bruno, es decir aceptarle la renuncia dos jueces que estaban siendo investigados.
El dictamen planteaba la inconveniencia y manifestaba la preocupación "con la aceptación de la renuncia" de los jueces investigados ya que, a su entender "se trunca el proceso de responsabilidad política que se le sigue al magistrado".
Pese a las similitudes entre ambos decretos, en aquel por el cual se aceptó la renuncia de Liporaci se hacía mención a "la existencia de proceso de remoción iniciado por el Consejo de la Magistratura", de acuerdo a la información brindada a la presidencia por la Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, el mismo Melchor Cruchaga.
Sin embargo advertía que ello "no obsta que el Presidente de la República en uso de sus atribuciones proceda a aceptar la renuncia presentada".
Al contrario a lo sostenido por De la Rúa en ambos decretos, el abogado Angel Di Paola efectuó hoy una presentación ante el Consejo señalando "el ex juez Liporaci voluntariamente aceptó someterse al procedimiento constitucional de remoción", por lo que "su derecho a renunciar quedó limitado" y "estaba obligado a esperar el fin del procedimiento de enjuiciamiento".
Di Paola aseguró que "todas las disposiciones de Pactos Internacionales" que adquirieron rango constitucional en 1994 "imponían al presidente y al secretario de Justicia el rechazo o aconsejar el rechazo de la renuncia" de Liporaci.
dju / dju
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