Fuentes allegadas a Chirac denunciaron "las faltas graves a la Constitución y al derecho" y calificaron la actitud del juez de "prevaricación".
"Es anticonstitucional que una citación en calidad de testigo sea enviada al jefe del Estado bajo la amenaza escrita de que se le obligará a comparecer por medio de la fuerza pública. Se trata de un acto ilegal, contrario al principio de la separación de poderes y de la continuidad del Estado. Podemos hablar de prevaricación", dijo la misma fuente.
La citación fue enviada la semana pasada al palacio del Elíseo, sede de la Presidencia.
Halphen investiga desde 1994 ese escándalo, en el que están implicadas varias empresas que trabajaban para el servicio parisiense de viviendas sociales cuando Chirac era alcalde de la capital y presidente del RPR.
El juez desea además escuchar la respuesta de Chirac a una acusación póstuma que lanzó contra él Jean-Claude Méry, financista oculto de aquel partido, fallecido en 1999.
En septiembre pasado, el diario Le Monde publicó "una confesión póstuma" de Mery grabada en un vídeo, donde afirmaba que había entregado cinco millones de francos en metálico (682.000 Dólares) a Michel Roussin, brazo derecho del alcalde de París, en presencia del propio Chirac.