Musumesi fue indagado por el juez federal Claudio Bonadío, en el marco de las investigaciones que tramita a raíz de una posible "direccionalidad arbitraria" de una licitación efectuada en 1994 para la compra de equipos de comunicación (VHF) para esa fuerza de seguridad que se realizó con la concesión de "créditos FAT" del gobierno español, por un monto de alrededor de 200 millones de pesos.
En la causa el magistrado también libró exhorto a España para que tres "altos ejecutivos" de la empresa Telemática y Comunicaciones (TECOSA), adjudicataria de la licitación, vengan a la Argentina para ser indagados. Si estos no cumplen el requerimiento, el juez solicitaría sus extradiciones.
A través de esa licitación se equiparon todas las unidades de Gendarmería con nuevos transmisores VHF.