Los jueces Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo entendieron que Bonadío sustentó su resolución en "una hipótesis que no reúne los elementos necesarios para el dictado de un procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles" con la función pública.
En cambio, para los camaristas, Musumesi y sus subordinados sí podrían haber sido eventualmente procesados por otros delitos, como el de "administración fraudulenta", algo que, aclaran, el juez Bonadío apenas investigó "mínimamente".
Para Cavallo y Vigliani, en el expediente "nada vislumbra que haya habido un direccionamiento hacia (la empresa de telecomunicaciones) Siemens, ni que la licitación haya sido desnaturalizada o parcial".
Los camaristas advirtieron que Bonadío "no puede sustentar una hipótesis que no sólo resulta huérfana de prueba sino que ha sido forzada su adaptación a los hechos y ni siquiera se ha razonado correctamente sobre ella".
En la causa se investiga una posible "direccionalización arbitraria" de una licitación internacional realizada en 1994, para la compra de equipos de comunicación (VHF) para Gendarmería, que se realizó con la concesión de "créditos blandos" del gobierno español, por una suma total de 200 millones de dólares.
Además de Musumesi, la medida alcanza a los otros gendarmes involucrados en la causa: Osvaldo Pereyra, Víctor Lezcano, Miguel Matorelli, Adolfo Díaz, Ángel Varela, Ramón Salmi, Luis Garín, Jacinto Álvarez, Benigno Martínez, José De Olamo, Luis Piera, Luis Ramírez, Paulo Garro y José Suerz.
En su momento, Bonadío le dictó la falta de mérito a una docena de ejecutivos de Siemens, pero reiteró exhortos con los que solicitó a España el arresto preventivo con miras a extradición de Francisco Francés Orfila, Gabriel Martín García y Miguel Muñoz Rodríguez, responsables de la compañía Telemática y Comunicaciones SA (TeCoSA), filial de la compañía alemana en la península ibérica.