Según el consejero juez Fernández Moores “la rebaja no es definitiva, porque si hay mayor recaudación en el futuro lo que hoy se recorta en el presupuesto puede ser recuperado”. La resolución de comunicar el desacuerdo con la medida del PEN había sido elaborada en la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, que preside el camarista civil Claudio Kiper.
El Consejo de la Magistratura es el órgano que administra el presupuesto del Poder Judicial. El proyecto de gastos contemplado para este año fue de 800 millones de pesos, pero en ese entonces el ex ministro de Economía José Luis Machinea accedió a otorgarle una partida de aproximadamente de 560 millones. De esa partida, el Consejo tiene una imputación cercana a los 10 millones. En cambio a la Corte Suprema, que administra su propio presupuesto, le fueron asignados aproximadamente 100 millones de pesos.
Asimismo, la resolución afirma que la iniciativa de recortar el presupuesto “afecta principios contenidos en la ley de autarquía financiera número 23.853” y que “vulnera facultades propias de este órgano constitucional, consagradas en la Carta Magna que le confiere la atribución de administrar y ejecutar el presupuesto que por ley correspondiente”.
“Este poder del Estado –agrega el documento- ya ha sufrido sucesivas y permanentes restricciones en materia presupuestaria durante los últimos ejercicios financieros, las que trasuntaron en una detracción considerable de los recursos disponibles, con el consiguiente agravamiento de las condiciones que se requieren para dar eficaz cumplimiento a la trascendental función de administrar justicia”.
El recorte que alcanza casi al dos por ciento del presupuesto total y comprende los recursos con afectación específica.