B) DEBATE. En la Corte por el encuadramiento a la figura de asociación ilícita que se pretende desde las cercanías de Carlos Menem en el caso de Víctor Alderete, el ex interventor en el Pami cuyo caso está a resolución del máximo tribunal por un recurso que presentó su abogado defensor, León Arslanián. Los jueces más cercanos al ex presidente creen que este martes, la Corte podría pronunciarse con relación a Alderete y que de allí surja una intepretación uniforme para aplicar asociación ilícita, una figura que se le reprocha a algunos jueces federales de haber sido distorsionada en su interpretación para poder detener a personas sospechosas de haber cometido un delito contra el Estado pero sin pruebas contundentes en el hecho en sí. La Corte ya se había encargado de desalentar cualquier otro intento de intervención oblicua, como ocurrió cuando Luis Sarlenga, el ex interventor en Fabricaciones Militares, incluyó al ex embajador norteamericano James Cheek en este controvertido juicio. Lo cierto es que ya no responde automáticamente a los pedidos del menemismo, ni siquiera aquella mayoría de cinco que hoy analiza y discute cada uno de los asuntos buscando preservar estructuralmente al Poder Judicial y preservándose ellos mismos ante los embates políticos.
C) CONSTITUCIONALDAD. Fue el eje de las controversias de la semana en el quinto piso de Comodoro Py 2002 donde tienen su asiento los ascendentes fiscales federales, quienes se han propuesto un verdadero “mani pulite” en la Argentina sin medir las repercusiones institucionales en un país que quiere ser Suiza en lo cultural y en la moral pero no supera el nivel de cualquier republiqueta en lo político y en lo económico. La duda es con referencia a la flamante Comisión Investigadora sobre Lavado de Dinero que preside Elisa Carrió, más por mediciones de voto en la Capital Federal que por sus dotes de investigadora. Es que en la Argentina se olvida que los únicos que pueden investigar, allanar domicilios u oficinas privadas y aún públicas, interceptar correspondencia o comunicaciones telefónicas y de cualquier otro tipo, ordenar la indagatoria e incluso la detención de personas, son los jueces con causas justificadas. Así pasó con todas las comisiones investigadores que se realizaron desde 1955 hasta hoy, donde el único resultado conseguido fueron grandes tapas en los diarios, tirando al barro el honor y logros de personas, pero luego fueron declarados nulas en la Justicia. Por eso, en este tema –tan sensible- se espera en el gobierno que debería dársele un carácter de seguimiento, al igual que en el caso del affaire IBM, pero que sean los jueces –en este caso Rodolfo Canicoba Corral y Juan José Galeano- quienes lleven adelante la investigación. Seguramente será una derrota para quienes prefieren condenar primero por los diarios y después por la Justicia.
D) NN. Estos autores anónimos integran más del 60 por ciento de las causas penales que se investigan en el país y suelen atiborrar los juzgados de Instrucción y aún los Correccionales. Por ello la ley específica que se acaba de sancionar determina la creación de un cuerpo especial de fiscales al estilo de la UFITCO -cuerpo especial para investigar casos de evasión tributaria- sin haber previsto los fondos suficientes para implementar la infraestructura y logística que requiere un organismo de esta naturaleza. Es que al no limitar la ley la cuantía del delito de autor anónimo a investigar, hasta el mismo atentado de la AMIA, podría caer en jurisdicción de estos fiscales especiales. Ello ya ha originado cierta tirantez entre los jueces de instrucción y los fiscales porque los primeros, por ejemplo, no quieren ceder la investigación del estallido en el “Shooting Buenos Aires”, otro de los casos que sigue en una verdadera nebulosa como fue el crimen de “Poli” Armentano, para mencionar a los tantos casos sin esclarecer y que, ahora, podrían resurgir por esta ley. Pero como el Poder Ejecutivo no vetó la ley, ahora, es poco lo que se puede hacer al menos que el Congreso la modifique nuevamente de acuerdo a la realidad del Poder Judicial al que al parecer se lo consultó muy poco o nada. Como todos los errores de los políticos, es otro caso que complicó a la Justicia y creó un conflicto innecesario entre fiscales y jueces, muchos de los cuales tienen por método derivar la instrucción a los representantes del ministerio Público, a los que al parecer ya no les alcanzan los estantes.
E) RESTRICCIONES. Muy exigentes fueron las que impuso el jefe de Gendarmería al régimen de visitas a los detenidos en Campo de Mayo por causas con repercusiones políticas. En sus cómodas instalaciones con cancha de tenis y pileta de natación (sin climatizar), están alojados presos famosos como Emir Yoma, Emilio Eduardo Massera o Jorge “el Tigre” Acosta. Los últimos y otros que pasaron por ahí gozaron hasta la llegada del ex cuñado y ex asesor de Carlos Menem de cierta liviandad en cuanto a horarios de visitas como número de visitantes, además, de una libre permanencia de familiares íntimos. Sin embargo, con la llegada de Yoma –el lugar se convirtió en una “tournee” de autos de lujo y allegados de todo tipo- se desestructuró ese pactado régimen casi castrense y el caso complicó al jefe del arma, preocupado por las condiciones de seguridad de su preso más importante. Por eso, ahora, sólo se puede acceder a los detenidos en horas de la tarde y previa autorización del visitado, además de pasar por un rigurosa requisa y la prohibición total de acercamiento al perímetro donde están alojados, desde fotógrafos o camarógrafos a cualquier otro extraño que se arriesgue en las inmediaciones. Las órdenes a la guardia son terminantes: hasta se ha previsto abrir fuego ante cualquier movimiento sospechoso o el arribo de persona que no haya sido anticipada por la jefatura o el juez de la causa. También Urso, a partir de extrañas visitas y movimientos, empezó a requerir un parte diario sobre Yoma.