Estas facultades, que fueron solicitadas a través de una resolución por quien seguramente presidiría la comisión, la diputada radical disidente Elisa Carrió, fueron consideradas hoy ante la prensa como "racionales" por el presidente de la Cámara baja, Rafael Pascual, que aclaró que "no hay presiones de ningún tipo" de parte de los legisladores para obtener estos "derechos", y señaló que sólo hubo "sugerencias" de parte de Carrió.
La polémica surgió la semana pasada dentro del ámbito legislativo, debido a que algunas de las facultades requeridas por la diputada chaqueña -según sostuvieron varios de sus pares- "se superponen con las del Poder Judicial", aunque la legisladora se ocupó de desmentir las versiones al dejar sentado que los allanamientos que requiriera la Comisión se harían siempre a través de la orden de un magistrado.
El Ministerio Público Fiscal también prestará su apoyo a la Comisión a través de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (Ufitco), un organismo especializado en delitos económicos con sede en la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) cuenta con abogados y contadores ente sus integrantes.
La documentación ya está en manos de Pascual -hasta que se constituya la Comisión- y del juez Juan José Galeano, que investiga la caída del Banco República de Raúl Moneta. Otro magistrado que solicitó al Ministerio de Justicia un juego de las ocho cajas es Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la pesquisa sobre la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler.
De acuerdo con el pedido de Carrió y el diputado demócrata Gustavo Gutiérrez, la Comisión debería estar integrada por siete o nueve legisladores, aunque la cantidad quedará definitivamente establecida en la sesión del próximo miércoles.
Según precisó hoy el diputado Gutiérrez, la Comisión investigadora requerirá como mínimo entre 90 a 120 días para llegar a alguna conclusión, lo que se hará lo más rápido posible para evitar que "el escándalo de los nombres tape la investigación".
El legislador precisó que, si bien es cierto que en las cajas de documentación bancaria enviada por los Estados Unidos figuran nombres de ex funcionarios menemistas, actuales funcionarios, conocidos empresarios y hasta personas vinculadas con medios de comunicación, el objetivo central de la comisión será descubrir cuál fue la el modus operandi que permitió la realización de esas transacciones, y modificar la legislación que pudo haberlas facilitado.
"La idea -precisó el legislador demócrata de Mendoza que inició la investigación llevando documentación al subcomité del Senado de Estados Unidos con Carrió- es trabajar sobre el núcleo, que es el circuito financiero que permitió operar a bancos argentinos, que funcionaron prácticamente como casillas de correo, utilizando asociados uruguayos, bancos estadounidenses y otros en un paraíso fiscal".
Respecto de los delitos que pudieran salir a la luz a través de la investigación, el diputado indicó que "se enviarán a la justicia, como por ejemplo si pueden facilitar el esclarecimiento de los casos de contrabando de oro, contrabando de armas o el de coimas en los contratos e IBM-Banco Nación".
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