La demanda fue presentada por un grupo de militantes peronistas con el patrocinio del abogado de filiación radical Juan Carlos Iglesias y recayó en el juzgado federal número dos a cargo de Jorge Ballesteros, que ya había emitido a mediados del año pasado un fallo vinculado a la deuda pública del país que Diariojudicial.com publicó en forma completa y en el que se responsabilizaba a Cavallo y al resto de los ministros de Economía desde que comenzó la dictadura militar por contraer una deuda que el magistrado consideró ilegítima.
Por otro lado, los denunciantes solicitaron también que se abra una exhaustiva investigación sobre los movimientos patrimoniales de ambos funcionarios, desde 1981 en el caso de Cavallo, y desde 1983 en el caso de Marx, hasta la fecha.
"Los hechos que denunciamos han ocurrido a raíz de las gestiones llevadas a cabo al pretender contratar, en forma directa y sin necesidad ni justificación alguna, y en uso y abuso de los poderes extraordinarios arrogados en función de la ley 25414, arrancada recientemente al Parlamento, bajo fuerte presión política y moral, la que no otorga los poderes invocados para encarar y resolver el llamado “Canje” de una parte abultada de la deuda exterior", dijeron los demandantes en su escrito.
Cavallo requirió la intermediación de siete bancos privados, tarea por la cual, según la denuncia, "han comprometido el pago en concepto de comisión la suma de 132 millones de dólares aproximadamente, en concepto de comisiones de intermediación, sin contar con otra suma similar (mas de 100 millones de dólares) que, según algunos expertos que hemos consultado, estarían disimulados como “gastos”".
De acuerdo a la denuncia "la gravedad de este intento de Cavallo y Marx se profundiza muy peligrosamente cuando se considera que una garantía de este tipo, además de afectar seriamente la soberanía del Estado Nacional, transformará automáticamente a nuestros acreedores, tenedores de los nuevos bonos (Bancos y fondos de inversión), en partes jurídicamente legitimadas para opinar e intervenir judicialmente en las presentaciones impositivas que hagamos los particulares y las empresas argentinas, respecto a todos los tipos de impuestos".
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