Más temprano, Oliveira se había reunido con Aldo De la Fuente, titular de la fiscalía de instrucción 31, a cargo de la investigación por delegación del juez Enrique Velásquez. La Defensora ratificó las presentaciones en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de los planes de trabajo dirigidos a jefes de familia desocupados, que fueron cobrados en un gran número de casos por estudiantes universitarios y afiliados aliancistas.
Oliveira solicitó al Rector de la UBA el padrón de alumnos del CBC, el de trabajadores No Docentes y el padrón universitario, para continuar con la investigación en la que colabora con De la Fuente, que mantiene la causa bajo secreto del sumario porque aún no se agotaron las medidas más delicadas y se sigue trabajando en la reconstrucción de los hechos.
Consecuencia directa de la investigación que comparten la fiscalía 31 y la Defensoría del Pueblo porteña fueron algunas de las decisiones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, al reestructurar su Gabinete.
Más allá de la responsabilidad política que ya ha quedado en evidencia, la posible calificación legal para la conducta que se imputa a quienes participaron de estas maniobras es la de fraude a la administración pública.
Según informaron fuentes de la investigación a Diariojudicial.com, se agregó nueva documentación sobre casos de planes otorgados con irregularidades a estudiantes de las facultades de derecho, farmacia, veterinaria, ciencias exactas y agronomía, que se suman a las de económicas, ciencias sociales y filosofía y letras.
Otro de los datos que se está analizando es la cantidad de beneficiarios de los Nuevos Roles Laborales que están afiliados a la Unión Cívica Radical y al Frepaso. Además, la Defensoría intentará contar con la colaboración del ANSES para que entrecruce uno por uno los más de 5 mil beneficiarios para saber si tienen trabajo o si lo tuvieron durante el cobro de los planes.
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