El Fiscal de la Cámara del Crimen de la Capital Federal Ricardo Sáenz, fue designado por el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, junto a once fiscales más, para integrar la Dirección General de Investigaciones con autor desconocido que depende del Ministerio Público Fiscal. La Oficina de las causas NN, como se la llama comúnmente, tendrá como objetivo centralizar datos, registro y archivo de las investigaciones que se llevarán a cabo en cada una de las Fiscalías. Sáenz, en un reportaje concedido a Diariojudicial.com formuló algunas críticas a este nuevo sistema. El fiscal explicó que “la ley previó que los recursos salieran del Ministerio Público y no del Poder Judicial”. “Creo que en realidad hay que emprender directamente un Código acusatorio pero con un traspaso de Recursos Humanos y Materiales; y que los juzgados funcionen como tribunales de garantías como sucede en la provincia de Buenos Aires”.
Sáenz también se refirió a las facultades especiales a la Policía Federal para poder indagar y realizar requisas en la vía pública, proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora está a la espera de la media sanción del Senado para convertirse en Ley. “El Código de la Provincia, habría que compararlo en realidad con la delincuencia de la Capital Federal. Por eso veo positivos los operativos que se están haciendo conjuntamente las fuerzas de seguridad federales con la Policía Bonaerense en la zona de la frontera de la General Paz, porque para los delincuentes no existe el límite geográfico o territorial que tenemos políticamente o tenemos en la justicia”, explicó.
Diario Judicial: ¿Está de acuerdo con las facultades especiales que se pretende otorgar a la policía?
Ricardo Sáenz: Yo creo que hay que distinguir entre las facultades de la policía que son sus facultades de prevención y las facultades cuando ya están haciendo una instrucción por la comisión de un delito. O sea que se está actuando como si fuera una policía judicial. Lo que creo que le está faltando a la policía y que creo que habría que ir devolviéndole son las facultades que siempre tuvo para la prevención de los delitos. Creo que el aumento de la criminalidad tiene que ver con que los delincuentes saben perfectamente que no hay prevención en la calle. Sea porque se les sacaron los edictos o porque no se reemplazaron todas las facultades que se podían manejar a través de los edictos con el Código Contravencional y este tipo de reglas que tienen más ver con la posible comisión o la sospecha de la comisión de un delito, como puede ser la facultad de requisar personas, automóviles, barcos que ya fueron receptados por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y que podría servir para evitar que se sigan haciendo muchos de los planteamientos de nulidad que llegan hasta Casación.
Dju: ¿Porqué no se buscó esa salida antes?
RS: Sería muy necio negar que este movimiento se produce a partir de los hechos de sangre ocurridos fundamentalmente con los dos policías que entran al negocio de la calle Larrea y son fusilados prácticamente con un tiro en la cabeza cada uno. El proyecto del Ejecutivo estaba desde noviembre del 2000, ingresado en la Cámara de Diputados y los proyectos de Dámaso Larraburu y de Miguel Ángel Pichetto estaban inclusive de antes de esa fecha. Nosotros concurrimos con el fiscal de la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, antes que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto para llevar una serie de fallos de la Cámara de Casación donde explicábamos esto que la Cámara dijo en el mismo sentido que ahora lo propone la ley, y nos pusimos a disposición de la Comisión para cualquier duda que se pudiera plantear, como convenía redactar el artículo...
Dju: ¿Estaba de acuerdo con el proyecto del Ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas quien fue el primero que impulsó otorgar facultades especiales a los policías?
RS: No es que no estaba de acuerdo. En realidad, en la Comisión de la Cámara de Diputados se discutió el proyecto de la provincia de Buenos Aires. Sí estoy de acuerdo con la línea que sigue el Código de la provincia bonaerense que prevé la posibilidad de hacer operativos con requisas de automotores que en realidad el Código Nacional no prevé, la posibilidad de interrogar a los posibles autores de un delito en el momento en que la policía llegue y se esté cometiendo un hecho, que el Código Penal actual también lo prohíbe. Creo que está en una buena línea.
Dju: ¿Usted piensa que en la Capital Federal tenemos el mismo índice de delincuencia que en la provincia?
RS: El Código de la Provincia habría que compararlo en realidad con la delincuencia de la Capital Federal, lo que pasa que en general la realidad no es muy distinta. Por eso veo positivos los operativos que se están haciendo conjuntamente las fuerzas de seguridad federales con la Policía Bonaerense en la zona de la frontera de la General Paz, porque para los delincuentes no existe el límite geográfico o territorial que tenemos políticamente o tenemos en la justicia. Toda el área metropolitana del conurbano tiene una realidad delictual muy similar a la misma que existe del otro lado de la General Paz. Los delincuentes entran y salen. En la ciudad de Buenos Aires está aumentando sustancialmente el índice de violencia, la cantidad de armas, de sofisticación que se ve en los hechos. No voy a negar que socioculturalmente el delito tenga que ver con la cuestión económica o la marginalidad que se vive en la Argentina, esto no se puede negar. Pero también hay que reconocer que hay una gran cantidad de hechos que no tienen nada que ver la pobreza. Los autores están equipados con materiales muy costosos, armas muy sofisticadas, con sistemas de comunicación como los asaltos a blindados, aquella camioneta que tenía una ametralladora antiaérea soldada, digamos que esto no tiene nada que ver con la pobreza. Esto es delincuencia organizada, son bandas realmente y esto implica una alta peligrosidad.
Dju: El problema de trasfondo quizá es otro. En este momento hay policías trabajando por un salario muy bajo y en una actividad sumamente expuesta...
RS: Los policías históricamente en la Capital trabajaban por “cuartos” en las comisarías que significaba cuatro grupos de seis horas cada uno para cubrir el día entero, ahora se bajaron a “tercios” lo que significa que están ocho horas en funcionamiento. Ahora por reglamento y por costumbre, el policía se presenta una hora antes y generalmente no se va en menos de una hora después, con lo cual esto le lleva sus diez horas. Para arrimar algún número razonable de ingreso familiar, la mayoría hace algún adicional. O sea que a estas diez horas hay que sumarle otras ocho de adicionales. La gente que vive en el Gran Buenos Aires, hoy muchos policías están viendo a sus familias nada más que los fines de semana, están durmiendo en algún banco de la comisaría donde tiene que presentarse al día siguiente. Esta gente, en esas condiciones tienen que salir a la calle a enfrentar delincuente que no sólo no están mal dormidos sino que están más equipados que ellos, generalmente actúan drogados, por lo que están sobreexitados y mucho más prevenidos. Ellos están al acecho, obviamente el policía no sabe que lo van a sorprender a la vuelta de la esquina. Están en inferioridad de condiciones, con los escasos ingresos que tienen, y ni pensar que nos estamos enterando que se está investigando que cuando hacen un adicional en una cancha de fútbol a sus superiores le tienen que dejar de los 50 pesos, 20 o 30. Directamente es una locura.
Dju: ¿Siendo entonces una situación que está teñida de corrupción, a quién culpar?
RS: Yo creo que las grandes colas que se producen para ingresar como Suboficial también en parte tiene que ver con la desocupación. Muchas veces puede tener vocación, pero hay que pensar que tiene trabajo asegurado, comida, servicio social y es una realidad bastante compleja.
Dju: Después de la Reforma en la provincia de Buenos Aires, otorgándole facultades a la Policía ¿ha mejorado el servicio, en el sentido de que la policía no esté tan expuesta?
RS: Creo que están en mejores condiciones teóricas para combatir la delincuencia. A mí no me consta la realidad estadística de la provincia, sí recuerdo que Casanovas recalcó el otro día en la Comisión de Legislación Penal de Diputados que se registró una mejora en ese sentido, que se habían devuelto las facultades a la policía y además hay que aclarar que ellos modificaron sustancialmente su régimen procesal, dando la instrucción a los fiscales que creo que es la forma más dinámica de encarar la investigación penal. Nosotros en el ámbito nacional no lo tenemos. El tema de darle la dirección de la investigación a los fiscales, es un viejo proyecto y anhelo que se tiene en el Ministerio Público. Todavía no se ha hecho a nivel general. Digamos, los jueces por una cláusula del artículo 196 pueden delegar la investigación a los fiscales cuando ellos lo consideren conveniente. Luego los fiscales dirigen las investigaciones de los hechos que se cometen infraganti que está previsto en el 53 bis; y por una ley que tiene un mes y días nos han otorgado la dirección de la investigación en las causas llamadas NN, las que tienen autor desconocido lo que ha generado todo un movimiento en el Ministerio Público y todo un trabajo de implementación bastante importante, crear una dirección dentro de la Procuración para centralizar los gastos, pero es una de las misiones del Ministerio.
Dju: ¿Cómo funcionará la oficina de los NN?
RS: Fue creada por el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra. Es una Comisión integrada por tres fiscales del crimen de la Capital Federal y nueve fiscales más, para que proyectemos la implementación de esto. La implementación que nosotros estamos dando es que la oficina que se llama Dirección General de Investigaciones con autor desconocido solamente va a centralizar los datos, el registro y el archivo de las investigaciones que se van a llevar a cabo en cada una de las fiscalías funcionando las fiscalías de Cámara a modo de vasos comunicantes entre las posibles cuestiones de conexidad o hechos repetidos que se puedan manejar. Pero no consideramos apropiado crear un organismo al mando de ningún fiscal que centralice el 70 por ciento del trabajo de la Capital, porque me parece que es inmanejable y me parece que tampoco tiene mucho que ver con cualquier cuestión de organización moderna, que tiene que ver con la descentralización. Nos parece que no es lo razonable y esseguramente lo que el legislador quiso disponer.
Dju: ¿Qué pasaba anteriormente con los expedientes NN?
RS: Históricamente los NN, que eran comunes, como un robo de estéreo, el arrebato en la calle, la gente lo único que necesitaba era constancia o certificado para acompañar el seguro, eran dos o tres hojas que se archivaban tras la firma del secretario y el fiscal. Ahora hay otras causas NN, son técnicamente causas que ingresan al régimen normal de trabajo de los juzgados cuando son homicidios, hechos más graves. Hay que pensar que la AMIA en un principio fue un NN, homicidios que están sin esclarecer y que luego se arman investigaciones muy grandes. Estas investigaciones hoy en día van a estar en la esfera de las fiscalías. Hay un conflicto, los jueces dicen “pero bueno nosotros en estas causas tendríamos que intervenir” , pero la ley no distingue.
El fiscal puede investigar de una forma más dinámica, habrá que buscarle una forma que la ley no tiene prevista, algún tipo de control jurisdiccional por si la investigación se va haciendo una gran causa, para prevenir cualquier planteo de nulidad que algún día puede pedir un defensor.
Dju: ¿Existen actualmente “megacausas” que puede considerárselas NN?
RS: La voladura de la Embajada de Israel por ejemplo, porque no tiene imputados; el homicidio de Marcelo Cattáneo, Poli Armentano, y María Soledad Morales que fue durante años un NN.
Pienso que de todas maneras no es la mejor Ley de NN que podemos tener y creo que vamos inexorablemente hacia el proceso acusatorio puro o sea que los fiscales seamos quienes dirijamos la investigación, pero no podemos lograr entrar al acusatorio por la puerta. Empezamos entrando por la ventana con esa cláusula de 1992, con el Código nuevo que significa que las investigaciones la deleguen en los fiscales cuando los jueces así los decidan, ahí entramos por la ventana. Acá nos dan un gran volumen de trabajo, pero es entrar por el sótano porque esto no es algo fácil y tiene un gran volumen de trabajo administrativo que requiere usar mucha gente y presupuesto que la ley no lo otorga al Ministerio Público.
Dju: ¿Los recursos de dónde van a salir?
RS: Es que la Ley dice que el Ministerio Público se tiene que hacer cargo con lo que tiene. El artículo 4 de la Ley 25.409 dice que deberá hacer frente a lo reglamentado en la ley con los recursos humanos existentes. O sea la comisión a la par de que está armando el proyecto de implementación de cómo tiene que funcionar porque además desde el 29 de abril están ingresando los NN a la Fiscalía, estamos haciendo el proyecto de implementación definitivo en el que vamos a proponer algunas reformas de la ley directamente.
Dju: ¿Se va a lograr un equilibrio para llevar adelante las causas con la falta de recursos humanos?
RS: Lo que pasa es que este traspaso de funciones, que antes cumplían los jueces, a los fiscales va a comenzar a tener su reflejo en el traspaso de recursos humanos y materiales del Poder Judicial al Ministerio Público. El año pasado en la estadística de los juzgados de instrucción, el 60 por ciento de las causas con autor conocido, individualizado, estaban por delegación tramitando en la Fiscalía. Entonces van a terminar sacándole la competencia a los juzgados de a poco, pero no nos están dando nada de los juzgados que tienen un sistema armado, como red de informática que el Ministerio Público no tiene y eso sale mucha plata. Creo que en realidad lo que hay que emprender, y el año que viene se cumplen diez años de la sanción del Código, es directamente un Código acusatorio pero directamente con un traspaso de recursos humanos y materiales pero que los juzgados funcionen como juzgados de garantías como funcionan en la provincia de Buenos Aires. Me parece más serio encararlo como una reforma general que seguir pasándole cosas de a poco.
Dju: ¿Los fiscales tienen que dar parte de las causas constantemente al juez o es algo que funciona en forma independiente?
RS: Es al revés de lo que funcionaba hasta que entró en vigencia la ley, o sea ante este tipo de denuncias de hechos NN, la intervención que antes se la daba al juez ahora se la atribuye al fiscal; y el parte que antes se le mandaba al fiscal ahora se lo envía al juez que toma conocimiento, si quiere, de la existencia de todas las denuncias NN que están tramitando las fiscalías. La Comisión de los NN hizo un proyecto de reglamentación que terminó siendo la reglamentación que el Procurador firmó como instrucción a los fiscales. Se le va a dar ingreso a la Fiscalía y se va a ver que medidas se pueden tomar y se van a reservar, según lo dice la resolución, por una decisión fundada del fiscal y van a ser archivadas en el ámbito del Ministerio Público.
Dju: ¿Los jueces han mostrado resistencia?
RS: Sabemos que existe resistencia de algunos jueces que piensan que el archivo solamente puede ser dispuesto por un juez, pero en la forma que está redactada la ley, aparentemente en sus tres pretenciosos artículos trastoca todo el sistema del Código porque no prevé ninguna intervención judicial hasta que no se descubra un autor, por lo cual estas investigaciones son preliminares del Ministerio Público a ver si descubre o no descubre un autor. La discusión se plantea en ver si nosotros podemos hacer todo esto sin ningún control judicial que está dado en aquel parte en el que según lo estamos diseñando con la policía, que en vez de un papelito, sea la copia de un acta inicial donde se registren los datos del auto robado, las víctimas y todo lo demás. O sea que los jueces puedan tomar contacto y estar notificados de ello. En realidad esto se va a dirimir judicialmente y no por los reglamentos, o de la Cámara del Crimen para los juzgados, o del Procurador para los fiscales, porque donde un juez y un fiscal en un caso no se pongan de acuerdo, el fiscal va a apelar y la Cámara va a decidir que no sea en función de superintendencia reglamentaria sino en su función jurisdiccional, y ahí por lo menos vamos a tener la opinión de un Tribunal de Apelación. Lo que no creo es que podamos tener la opinión de la Cámara de Casación, salvo que se plantee algo más avanzado en el expediente porque necesitamos una sentencia definitiva para llegar a Casación y todas estas cuestiones de trámite se van a dar al inicio, pero fundamentalmente vamos a tener la opinión de la Cámara.
Dju: ¿El funcionamiento del fiscal se va a ver entorpecido por el mayor número de causas?
RS: Lo que no hay duda es que las fiscalías tienen cada vez más trabajo. Hoy en día vos entras en una fiscalía de instrucción o correccional de la Capital y parece realmente una secretaría de instrucción de un juzgado; están tomando declaraciones, haciendo citaciones, librando oficios, atendiendo consultas de comisaría. Fui durante seis años fiscal de primera instancia antes de la sanción del código de 1992 y esto lo pasaba, se trabajaba en este clima de tranquilidad donde las causas llegaban, se estudiaban, se dictaminaba y ahora tienen el ritmo de un juzgado. El fiscal puede ser citado a la madrugada a comparecer en cualquier lugar por cualquier hecho. En realidad lo que hay es educación de hacerlo, los fiscales en general están dispuestos a asumir el desafío pero lo que no hay duda es que hay que traspasar recursos de los juzgados a las fiscalías.
Dju: ¿Está de acuerdo con la derogación del “Dos por uno”?
RS: Sí. Creo que no había una necesidad de reglamentar en una ley ese tiempo razonable de detención al que se refiere el Pacto de San José de Costa Rica. Se pensó que existió en la necesidad de decir dos años o un año más si la Cámara lo considera, el tiempo restante siempre me pareció excesivo. Se que el objetivo que persiguió el legislador cuando lo hizo fue la aceleración de los procesos, pero después la realidad indicó que resultó al revés, los procesos se siguieron alargando y muchos defensores lo que buscaban era hacer cualquier tipo de planteo para nunca llegar a la sentencia, para que siguiera corriendo. Creo que se demoró incluso la derogación, pero por lo menos se la derogó.
Dju: ¿Está de acuerdo con la implementación de la mediación penal para resolver algunos delitos sin necesidad de llegar a una sentencia?
RS: Hay muchos mecanismos para evitar que los procesos penales terminen por sentencia definitiva, se los agilice de alguna forma. En nuestro país tenemos previsto el artículo 71 del Código Penal lo que se llama el principio de legalidad penal. O sea todo proceso que se inicia debe ser investigado y llevado hasta donde se lo pueda llevar, pero todo debe ser investigado y tramitado. Esto es absolutamente una ficción, hablamos de los NN y nos dimos cuenta de que en cada arrebato de cartera que llega a la Comisaría, o de reloj o lo que sea, nadie sale a investigarlo en realidad. En los países más adelantados junto al principio de legalidad tienen lo que es su excepción que es el principio de oportunidad, determinados casos en los cuales se prescinde de la persecución penal. Hace unos años que tenemos la “probation”, que es la suspensión del juicio a prueba. Este es un caso de oportunidad que se da en determinadas circunstancias, delitos de menor pena, que la persona sea primaria, la reparación del daño, se suspende con el efecto de no estigmatizar a la persona con la condena y descongestionar de algún modo el sistema penal. En general esas siempre son las finalidades que se persigue aplicando el criterio de oportunidad y dejar los recursos humanos y materiales para investigar los casos que realmente tienen mayor repercusión en la sociedad por la dimensión del daño o por lo extendido del daño o por la gravedad del hecho.
Dju: ¿Es una solución la mediación penal entonces?
RS: No. No sé si la mediación puede ser una solución, porque seguramente estamos pensando en delitos de poca importancia, porque sino el Estado no puede negociar, entre damnificados y autor mediando de alguna manera en la solución del conflicto, quizá se puede probar de alguna manera para ver cómo puede funcionar. En nuestro país hay delitos de acción privada o dependientes de instancia privada. Esa es también una forma de limitar el grueso del esfuerzo estatal a los delitos de acción pública e ir por la reparación civil. La mediación va en este mismo sentido como una solución alternativa al proceso penal clásico. Lo que no tengo dudas es que hay que explorar algún tipo de soluciones, así en realidad, la selección de los casos que se investiga se hace formalmente en cada juzgado, en cada fiscalía, en cada funcionario, sin reglas legales, simplemente se estima más importante una causa que la otra.