B) CAVALLO. Es “il bocatto di cardinale” después de Menem y su situación procesal no será la más llevadera. Convocar al ministro de Economía hoy, a los tribunales, sería asestar un duro golpe al gobierno de Fernando de la Rúa, cuyo estado de salud generó todo tipo de versiones. Por eso las presiones por sí y por no hacia Urso - si bien es dificil que el juez lo convoque ahora porque se encuentra recusado por Cavallo y debería desprenderse de la causa, cosa que no hará bajo ninguna circunstancia por la amenaza de juicio político que pende sobre su cabeza. No es lo mismo lo que ocurre en el fuero penal económico. Allí, donde se ventila la causa por contrabando, debe ir a declarar Carlos Sánchez, actual secretario de Industria y ex viceministro de Cavallo en la era Menem. Su situación procesal es la misma de Carlos Carballo, el ex subsecretario de Defensa que Julio Speroni procesó como partícipe secundario en ese delito. Pero la posición de Sánchez es más complicada aún porque si hubo contrabando aparece seriamente cuestionada la Aduana que autorizó la salida de la mercadería sin oponerse y la AFIP que pagó los reintegros por exportación de material sensible. Los datos preocuparon seriamente en el entorno de Cavallo y por eso Sánchez pidió postergar la indagatoria que Speroni había fijado para el martes 12. Paciente, el juez lo pasó para el 21, porque ya imagina lo que generará el expediente.
C) SENADORES. Es la contracara de este juicio aunque no se descarta que por efecto “boomerang” se traiga de nuevo esta causa al centro de la escena. Por lo pronto este martes 12 habrá una apertura de la cuenta de las SIDE a los camaristas y de nuevo al juez Gabriel Cavallo. El viernes hubo tentaciones de un camarista de acompañar el pedido de revocatoria que hicieron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado contra el fallo del ex juez Carlos Liporaci de dictarle la falta de mérito a 7 senadores a la que luego se agregó José Genoud, el ex presidente provisional del Senado a quien se acusa de haber sido el principal operador desde la Alianza. Es clave en esta interpretación el dictamen de Germán Moldes. El fiscal de cámara y ex secretario de Población fue muy contundente cuando acompañó el fallo de Freiler y Delgado y dejó poco espacio para el libre albedrío de los camaristas Luisa Riva Aramayo –fue la primer voz judicial que le avisó a Menem que preparara una defensa contundente en el caso armas porque iban a ir por él- y Horacio Vigliani. El caso es que la situación judicial de los senadores peronistas y radicales puede volver a complicarse por el efecto institucional de la detención de Carlos Menem y con ello complicar, aún más, el por sí conflictivo cuadro de situación política que vive el país.
D) BECADOS. Resultaron los jueces del Tribunal de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fueron dejados cesantes por la administración de Aníbal Ibarra y confirmado por la Legislatura porteña. Los magistrados, unos 35, venían cobrando un sueldo promedio cercano a los $ 6.500 mensuales. Para no verse envueltos en una andanada de juicios por despido compulsivo por varios millones de pesos, lo mejor que se les ocurrió fue seguir pagándoles el sueldo hasta que se jubilen. El problema es que la mayoría tiene menos de 55 años, salvo alguna excepción, por lo que estos jueces cobrarán esa suma sujeta a modificaciones sólo para arriba -que el salario de los magistrados es intangible y no se puede disminuir- hasta los 65 años cuando la ley les permite jubilarse con el 82 por ciento móvil. O sea que durante 10 o más años, muchos de ellos estarán cobrando un ingreso por una tarea que no realizan y todo porque el gobierno de Ibarra no quiere enfrentarse a un escándalo mediático. Pero además existen unos 120 empleados de todas las categorías judiciales que siguen cobrando sueldo pero como no tienen jueces a quien responder, sin destino funcional. Muchos de esos jueces, además, ya se encuentran realizando actividades en el marco privado porque si bien no firman escritos ante los tribunales, nada les impide actuar de asesores en estudios jurídicos o empresas de primera línea que tengan interés de contratarlos.
E) BANQUEROS. Desfilarán este mes por el juzgado federal de Claudio Bonadío. Se trata de todos los ex directores del Banco Nación que presidió Aldo Dadone y muchos de los que acompañaron a Pedro Pou al frente del Central. Pero el juez no se quedará en medias tintas sino que tiene pensado llevar ante sus estrados no sólo a Pou sino también a Roque Fernández, ex titular del BCRA y ex ministro de Economía de Menem y al mismo Roque Maccarone, actual presidente de la entidad que rige la política monetaria. Todos serán interrogados por sus responsabilidades en relación con las quiebras de los ex bancos Medefín y Feigin. Desde la defensa de Macarone, quien fue notificado esta semana que pasó, comenzó a vislumbrarse el posible resurgimiento de lo que califican supuesta “industria del juicio” – recordada en el mundo financiero luego que ex dueños de bancos quebrados pretendieron hacerle pagar al Estado su mala administración-. Este criterio no es ajeno al pensamiento íntimo de Cavallo, quien introdujo a Maccarone en la administración cuando se sacó de encima a Pou para poder controlar esa estratégica área sin nadie que se le oponga. Por lo pronto ya se han dado instrucciones para cuestionar duramente a Bonadío y a los fiscales Jorge Felipe Di Lello y Carlos Pollicita, quienes impulsan la acción penal desde el año 1995 cuando comenzó a sentirse lo que se conoció como “efecto Tequila” y se liquidaron varios bancos.